COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En el debate se cuestionó este pedido, dado que el año anterior se había hecho lo mismo, y varios congresistas cuestionaron la efectividad y diligencia de las entidades encargadas de los procesos judiciales. Sin embargo, el Fiscal encargado, Jorge Perdomo, defendió las gestiones.
"Les quiero decir que estos plazos no pudieron ser cumplidos no por inoperancia o ineficacia de la justicia, sino porque los altos índices de denuncias, de procesos, de delitos que se cometen en Colombia, por más de que nosotros hayamos hecho unos planes de choque, nos fue imposible cumplir con esto, entre otras cosas porque ninguno de estos plazos depende de la Fiscalía", afirmó.
Según él, de no lograrse la aprobación de esta iniciativa a la que le faltaría la aprobación por parte de la plenaria de Senado, "Saldrían cerca de 14 mil personas que están privadas de la libertad en detención preventiva por delitos no menores: 997 personas investigadas por violación con menores de edad, 1053 por actos sexuales con menores de 14 años, 1907 por homicidio, 1528 por concierto para delinquir, 2694 por porte ilegal de armas, 2913 personas por tráfico de estupefacientes y 531 por extorsión".
La iniciativa logró las mayorías necesarias pero se hizo una adición con ánimo de evitar los falsos testigos. En ella se estipula que sin que no se cotejen las afirmaciones de los testigos, no se podrá condenar al acusado. Proposición que no fue de agrado para el Gobierno y que espera rediscutirla en el Senado.
El ministro de Justicia, Jorge Londoño, señaló que "lo que aprobamos en este debate sustancialmente es esto, el aplazamiento de algunas detenciones preventivas en virtud de que son delitos graves, que su investigación es mucho más complejo, más que por el delito mismo".
Según el Ministro, para ello se evitaría la excarcelación de alrededor de 9500 personas por delitos graves y en julio, alrededor de 8500 personas podrían pedir su libertad, dado que cometieron delitos menores.
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