Luego de dos semanas de duros cuestionamientos por el alcance final que podrá tener la implementación de la reforma constitucional del marco legal para la paz, este miércoles el proyecto se abrió paso nuevamente al ser radicada ponencia positiva para la votación en sétimo debate la semana próxima en la Comisión I del Senado.
De acuerdo con el coordinador ponente de la norma, Roy Barreras, ésta iniciativa tiene como fin fundamental dar los instrumentos para una justicia transicional y excepcional, que incluye como una novedad que se puede abrir la posibilidad de ordenar la excarcelación de militares o de guerrilleros, para que se pueden acoger al proceso de reincorporación que se determine.
En cuanto a los militares se daría la excarcelación en los casos de los delitos que se hayan dado en el marco del conflicto armado, y podrían acceder luego de estar condenados y procedan colaborar con la información en que
puedan reparar sus delitos.
Barreras defendió esta posibilidad como uno de los costos que debe asumir el país, para que en el momento específico se tenga avanzado un proceso que permita lograr la paz en el país.
También, como ya se había concertado, en la ponencia se incorpora, en el artículo tercero, que habrá vocería política para los eventuales desmovilizados, pero se aclara que la tendrán quienes no hayan sido autores de delitos de lesa humanidad.
El ministro del Interior, Federico Renjifo, al pronunciarse sobre la radicación de la ponencia se mostró confiado en que la misma sea votada la semana próxima y agregó que la reforma no está promoviendo la impunidad.
"Es muy difícil anticiparse a qué dirán las leyes estatutarias que el Congreso tiene que aprobar sobre la vocería o elegibilidad. Lo que estamos haciendo es permitir que un gobierno que mire que existe una paz estable y duradera que
pueda entregarle al Congreso unas leyes estatutarias que definan todos esos temas", declaró el ministro del Interior.
Barreras por el momento anunció que seguirá buscando los comentarios y aportes de varios sectores que han sido críticos de la reforma, como es el caso de José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, con quien se reunirá el jueves en Estados Unidos.
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