En el Cauca esperan reparación colectiva por fumigaciones

“Estábamos lavando la arena cuando de un momento a otro pasaron las avionetas y nos bañaron con el químico y sin nisiquiera haber ni una mata de coca en la zona“, decía un campesino habitante del Patía, julio de 2008. 
  
En el Juzgado 4 Administrativo de Popayán reposa una acción de grupo a través de la cual 27 mil familias habitantes de la región del Macizo Colombiano y la costa Pacífica, buscan el resarcimiento a los daños ocasionados por las aspersiones con Glifosato hasta el año 2011 en estas zonas del Cauca. 
  
A través de esta acción jurídica también fueron demandadas casi la totalidad de las carteras ministeriales exceptuando el Ministerio de Cultura, por los efectos ocasionados durante las actividades y campañas que se adelantaron dentro de la política contra los cultivos de uso ilícito para la salud y la economía de las áreas intervenidas a través de las fumigaciones. 
  
Algunos fallos previos, les dieron la razón a los demandantes en varias de las pretensiones como fue la cancelación de una importante campaña publicitaria institucional que se extendió por todo el país. 
  
“Las acciones se interpusieron incluso en contra del Ministerio de Comunicaciones pues por aquella época se lanzaron, a través de los medios masivos, campañas como la que señalaba que la coca era 'la mata que mata', vulnerando el uso tradicional y cultura que esta planta considerada incluso medicinal para las comunidades indígenas“, señaló César Díaz, vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima, en la mesa campesina del Cauca. 
  
Las pretensiones de las comunidades que a través de testimonios, videos, fotografías, resultados de los análisis a las muestras de agua, terrenos y cultivos dañados por efectos del glifosato, consideran está suficientemente demostrado que hubo consecuencias para su economía y para su salud están tasadas 7 billones de pesos. 
  
“Son 15 mil familias de los municipios de Bolívar, Sucre, Almaguer y El Patía, sumadas a las 12 mil de la costa pacífica, (López de Micay, Timbiquí y Guapi) las que esperan sean reparados los daños ocasionados por las fumigaciones“, agregó Díaz. 

INTENCIONALIDAD O ERRORES INVOLUNTARIOS 

El Consejo de Estado a mediados de 2012, le dio la razón a la organización de campesinos denominada Cosurca y, en un fallo de segunda instancia, condenó al Estado por los daños ocasionados a los cultivos sembrados en zonas rurales de los municipios de Sucre, la Sierra, Balboa y Argelia. 
  
Por esta decisión 74 familias que vieron cómo durante las fumigaciones con glifosato en el año 2005 se perdieron los cultivos de café orgánico en los que sustentaban su economía, esperan una millonaria indemnización. 
  
“Si se hace un comparativo entre lo que el Estado recibió por el Plan Colombia y las demandas falladas en su contra así como las que aún esperan ser resueltas, las pérdidas para la nación pueden ser sin precedentes“, señaló Miguel Fernández, Líder del Cima. 
  
Y es que, incluso, en varias de las acciones jurídicas instauradas se narran cómo los pilotos de las avionetas Turbo Trush, encargadas de asperjar con glifosato las zonas en donde se tenía conocimiento de la presencia de cultivos de coca, coordinaban sus acciones, aparentemente para ocasionar la afectación a las comunidades. 
  
En una de las narraciones relatadas en las demandas, se detalla que los campesinos de Balboa decidieron sustituir, luego de acuerdos con el Gobierno, la hoja de coca por siembras de maíz, cacao, plátano y cultivos de pancoger que además fueron delimitadas y señalizadas con banderas blancas. 
  
Una comunicación que se filtró en la frecuencia de la emisora comunitaria de la localidad reveló lo que para las comunidades fue la intencionalidad de hacer daño por parte de quienes guiaban las aeronaves. 
  
“Los pilotos decían de una avioneta a otra a través de su radio de comunicaciones: 've, qué gente tan pendeja, nos están señalando en donde debemos fumigar'", puntualizó Díaz, tras destacar que, además de la hoja de coca, todos los cultivos incluyendo los estaban señalizados, fueron destruidos por efecto de los químicos. 
  
Por estas razones, entre muchas más descritas en los miles de folios que componen la demanda contra el Estado, en el Cauca los habitantes de las zonas rurales consideran que la recomendación del Ministerio de Salud de acabar con el uso del glifosato, aunque tardía, se debe acatar. 
  

DENUNCIAS DE AFECTACIONES EN LA SALUD 
   
Según Walter Aldana, asesor del Gobierno departamental, la Secretaría de Salud en el Cauca, realizó un estudio a través del cual se recogieron centenares de denuncias asociadas a las consecuencias de las fumigaciones con glifosato y otras que aunque no fueron relacionadas con los efectos del químico sí coincidieron con las fechas de las aspersiones. 
  
“Varias personas consultaron por cefalea, gastroenteritis y afecciones en la piel tras las jornadas de fumigación especialmente en zonas como El Patía y El Tambo“, señaló. 
  
El funcionario, quien destacó que las zonas sedes de la fumigación pertenecen a la costa pacífica, el Macizo Colombiano y otras localidades como El Tambo, Argelia y Mercaderes, dijo que respaldan y ven como un gesto positivo la recomendación del Ministerio de Salud.