En duda condiciones para retorno de 600 Emberá Chamí a Risaralda

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, solicitó  posponer el proceso de retorno de la población Emberá Chamí, asentada en la ciudad de Bogotá hacia los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, que está pactado para el próximo 10 de diciembre.

La petición se hace por considerar que el retorno de cerca de 600 personas “se ha convertido en una fórmula que actualmente el Gobierno presenta como parte de su rendición de cuentas, pero no ha sido un ejercicio que tenga en cuenta las condiciones de contexto y que se fundamente en un proceso consolidado de concertación con la población afectada y con las autoridades indígenas”.

Por eso, la ONIC y el Consejo Regional Indígena de Risaralda, Crir, solicitó a las autoridades competentes posponer el retorno hasta mediados de enero próximo, fecha en la cual esperan tener las condiciones necesarias para poder regresar a sus lugares de origen.

Ambas autoridades indígenas solicitaron además a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a las entidades del Distrito, “desplegar todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar los derechos de la población retornante evitando de esta forma su revictimización y generando todas las acciones necesarias en perspectiva de prevención, protección y atención que permitan la sostenibilidad del proceso de retorno proyectado”.

Y es que de acuerdo con la ONIC hay factores que no han sido tenidos en cuenta para un efectivo como retorno, como los desplazamientos ocurridos en junio y julio pasado por bombardeos en las zonas a las que van a regresar, así como la “situación incierta” de presencia de minas antipersona.

“A la fecha resulta de la mayor preocupación las condiciones generadas por las entidades e instituciones encargadas de configurar un proceso de retorno con dignidad, hoy por hoy no conocemos cual será la logística necesaria para realizar con todas las garantías en derechos un retorno de cerca de 600 personas, ejercicio que a todas luces de resultar fallido se convertiría en un proceso de revictimización para la población retornante”, aseguró la Onic.

Las autoridades indígenas además solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que analicen las responsabilidades de las autoridades encargadas de cumplir con el decreto 4633 de 2011, que ordenó medidas de reparación integral y restitución de derechos territoriales a las comunidades indígenas.