COLPRENSA | LA PATRIA | CORINTO (CAUCA)
"Uno de los temas más agudos es la desconfianza hacia el Gobierno Nacional. Por años hemos liderado procesos de representativos, pero no hemos logrado nada concreto", le dijo Luis Mosquera, representante de las Juntas de Acción Comunal de Corinto (Cauca) al vicepresidente, Óscar Naranjo.
Naranjo tiene cuatro tareas: la seguridad ciudadana, el impulso de la política antidrogas, la implementación de los acuerdos de paz, pero sobre todo la protección de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales que es uno de los temas que más preocupa por el aumento de amenazas y asesinatos de estas personas.
Por ello, tras los primeros días de asumir su cargo viajó a Corinto y se sentó a escuchar a los representantes de las organizaciones sociales de ese municipio, Toribio, Caloto, Miranda, Argelia y Silvia. Este es el comienzo de su estrategia para abordar sus tareas: el diálogo con la comunidad.
"Entre que me lancen tomates, huevos, o piedras, prefiero los tomates", dijo el vicepresidente poco antes de llegar a reunirse con los representantes, pues los temas no son fáciles, aún más cuando es una región como la del Cauca, que reúne a comunidades campesinas, afro e indígenas que difieren en varios aspectos. Pero que es además, donde hay cultivos ilícitos, donde sus habitantes han sufrido las grandes consecuencias del conflicto armado, y donde persisten las amenazas contra los líderes sociales.
Sobre esto último, los líderes del Cauca coinciden en lo mismo, quieren que les devuelvan la tranquilidad y consideran que lo mejor es que el Estado reconozca lo que ellos denominan la continuidad del paramilitarismo, pero que vienen, dicen, de las transnacionales, y los grupos que siguen activos.
Pero sobre eso no se profundizó en el encuentro, y no habrá discusión, tal parece, porque el Gobierno no quiere abrir el debate al respecto, pero sí actuar, pese a que los líderes consideran que las investigaciones –especialmente para determinar los autores intelectuales de los hechos-, den resultados importantes.
"No importa cuál es el origen de las amenazas, no importa cuál es la tipología y caracterización de ese victimario, lo más importante es que realmente sea procesado y condenado", afirmó el vicepresidente.
Con la reparación, tienen dos miedos: uno, que no se repare a todas las víctimas del conflicto, y dos, que no solo tiene que ver con restitución de tierra se pide la aplicación del punto uno del acuerdo de la Habana, que tiene que ver con la Reforma Rural Integral.
En el primero, dijo José Nifer Díaz Mina, miembro de la Asociación del Consejo Comunitario del Norte del Cauca: “Nos afana la preocupación en el sentido de que el Gobierno pueda reparar a todas las víctimas, no solamente en el tema individual sino en el tema colectivo. En el Norte del departamento del Cauca aproximadamente 30 consejos comunitarios tienen una resolución colectiva y ese proceso es muy lento”,
Y en el segundo, les inquieta el reconocimiento de las zonas de reservas campesina, la determinación del uso de la tierra y por supuesto todo lo que tiene que ver con proyectos productivos.
Pero de todos los temas, el más tratado fue el de los cultivos ilícitos, según los líderes el 80 % de la base económica del departamento está asociada a estos cultivos y en un mismo porcentaje estarían dispuestos a hacer la sustitución, pero tienen miedo.
“Llevamos años haciendo acuerdos y nos quedan mal. (…) Nos van a hacer quitar nuestras matas y pare de contar. ¿Y qué va a pasar entonces, vamos a volver a resembrar?”, le dijeron los líderes al vicepresidente.
Y acá, como en los demás temas se hace visible el gran problema que tiene que solucionar el Gobierno para llevar a cabo la implementación: la desconfianza. Por ello, el vicepresidente ordenó una revisión a fondo de cada uno de los temas tratados como consecuencia de su apuesta que es el diálogo, y prometió volver en 45 días para revisar cómo avanza la solución a los inconvenientes presentados para tratar así de eliminar su mayor obstáculo: la desconfianza.
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