Ricardo Maldonado Rozo
Efe | LA PATRIA | Cartagena
A menos de un mes de que se conmemore el vigésimo primer aniversario de la masacre de El Salado perpetrada en el año 2000, cuando más de 60 campesinos fueron asesinados, Yirley Velasco y diez miembros de esta comunidad del departamento colombiano de Bolívar vuelven a ser amenazados de muerte.
Desde hace tres años Velasco, joven lideresa social y su familia conviven con frecuentes amenazas que atribuye a su trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar que desarrolla desde la Asociación Mujeres Sembrando Vida.
"De los 200 casos (de violencia sexual) que hemos atendido desde 2004 cuando arrancamos con la asociación hay unos bastante fuertes, entonces yo relaciono el tema de las amenazas a mi trabajo con las mujeres porque hay mucha gente que no quiere que se hable", asegura, en una entrevista telefónica con Efe.
"A mí sí que me lo han dejado claro: 'no tienes por qué acompañar a nadie, no seas sapa'", recuerda sin que se le quiebre la voz.
Se intensificaron
En los años anteriores las amenazas habían sido solo contra ella y su familia pero en esta última han sido mayores, a más gente y, sobre todo, contundentes: "Sentencia de muerte", comienza el panfleto enviado el pasado fin de semana por la organización paramilitar autodenominada Águilas Negras en la que aseguran que van a "limpiar la comunidad de esta plaga de gente".
Ahí "ya incluyeron a otras personas que han sido líderes sociales y otros que solo son miembros de la comunidad"; esto sumado a que en el panfleto "pusieron nuestras caras, tiene a la gente aterrorizada", asevera.
El mal recuerdo
Estas nuevas amenazas traen a la memoria las que precedieron la masacre del 2000 cuando unos 450 paramilitares del bloque héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), llegaron hasta el pueblo y en la cancha de fútbol asesinaron a los campesinos ante la mirada inerme de todos sus vecinos.
El Salado fue la última y más sanguinaria parada de un recorrido de muerte que comenzó el 15 de febrero de ese 2000; aquel día los paramilitares instalaron un retén cercano al pueblo en el que asesinaron a cinco personas, luego en los dos días siguientes recorrieron los poblados de Flor del Monte, San Rafael, Canutal y Canutalito donde dejaron una estela de muerte de 42 personas más.
A El Salado llegaron el 18 y entre ese día y el 22 masacraron a más de 60 campesinos bajo la justificación de que todos eran guerrilleros o auxiliadores de la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc.
La sevicia incluyó torturas, degüellos, decapitaciones, empalamientos y violaciones a mujeres, hombres y niños.
Velasco no olvida que mientras masacraban a su pueblo, a ella, que entonces tenía solo 14 años, varios paramilitares la violaban en repetidas ocasiones.
La lideresa asegura que varias personas del pueblo han comentado que unos 15 días atrás vieron un grupo de siete u ocho hombres con armas largas y vestidos de negro que cruzaron por El Salado.
El territorio
Esta zona que hace parte de la subregión de los Montes de María, un territorio en el que hacen presencia grupos armados ilegales, herederos de los otrora paramilitares vinculados al narcotráfico, minería ilegal, desplazamiento y despojo.
Tras los hechos recientes la Defensoría envió una delegación a El Salado y pidió a la Fiscalía que tome medidas urgentes para la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la comunidad de El Salado y para encontrar a los autores de las amenazas.
Dos días después de las intimidaciones, las autoridades municipales y militares realizaron un consejo de seguridad en el que se acordó que se fortalecerá el pie de fuerza y se intensificarán los controles para prevenir delitos contra la libertad personal, pero la gente no quedó contenta porque dicen estar cansados de que se hagan compromisos que no se cumplen.
“Hay mucha gente afectada psicológicamente por falta de acompañamiento Allá nos mandan una psicóloga para atender a 200 personas en tres horas. Eso no sirve para nada".
Yirley Velasco
Alertas
A principios del año pasado la Defensoría del Pueblo volvió a advertir en una alerta temprana sobre la "presencia del grupo armado pos desmovilización, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)", los mismos paramilitares que ya figuraban en otra alerta temprana del 2018, en la que se anotaba que "este grupo consolidó su presencia en el municipio del Carmen de Bolívar desde el año 2015".
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