EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La periodista Jineth Bedoya, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su caso de secuestro, tortura y violación, estimó que el perdón del Estado colombiano expresado ayer en la audiencia es una disculpa parcial que supone "una bofetada más" para ella.
"Ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano es una bofetada más", consideró en una rueda de prensa Bedoya, víctima de paramilitares a los que había ido a entrevistar en mayo del 2000 en la cárcel La Modelo de Bogotá, y actual subeditora del diario El Tiempo.
El director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reconoció ante la CorteIDH la responsabilidad del Estado al forzar hasta en 12 ocasiones que la periodista repitiese ante la Fiscalía y otras instancias la narración de la que fue víctima, y pidió perdón "por estos hechos y por el daño que causaron".
Sin embargo, la periodista consideró ayer que reconocer solo una pequeña parte de todos los hechos que se cometieron contra ella, y que en parte el Estado fue cómplice es como los casos de violencia de género en pareja donde un día el hombre pega a la mujer y al día siguiente le pide perdón.
"Me ha dicho que me golpea y que me trata mal, pero en el fondo me quiere", alegó ante la prensa Bedoya, quien aún hoy recibe mensajes amenazantes en su móvil: "¿cómo poder dar el siguiente paso si te siguen llegando mensajes al teléfono diciendo que te van a violar?".
Las lágrimas de millones de víctimas
Tampoco lo considera un perdón total porque no se reconoce que las víctimas de violencia sexual en Colombia están desprotegidas por el Estado, ya que si ella, que es una periodista reconocida y privilegiada, lleva 20 años luchando por justicia, la mayoría de víctimas nunca llegan a considerarlo.
"Si eso le hacen a una persona que tiene acceso a todos los niveles como Jineth Bedoya, imagínense cómo trata el Estado colombiano a una víctima que no tiene esa posibilidad", alegó.
Por eso dijo que "enfrentarse a un juicio es casi una segunda violación" y pidió a los medios "que vean hoy en mi caso y mis lágrimas, las de millones de mujeres que han sufrido violencia sexual".
Bedoya, que recurrió a la CorteIDH en 2011 a través del paraguas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), demandó el Estado colombiano por el secuestro, torturas y violación masiva de la que fue víctima en mayo de 2000 cuando fue a una cobertura periodística en La Modelo.
La demanda señala que el Estado conocía el riesgo que corría la periodista debido al ejercicio de su profesión y que no tomó acciones para protegerla y que, además, no ha llevado a cabo una investigación diligente para sancionar a los responsables, principalmente los autores intelectuales y agentes estatales.
La periodista, que entonces trabajaba para el diario El Espectador, realizaba una investigación sobre la violencia y un posible caso de venta de armas y tráfico de secuestrados en la cárcel, que involucraba a paramilitares, narcotraficantes, la guerrilla, policías y militares.
Durante su testimonio en estos días de audiencia en San José (Costa Rica), Bedoya señaló a un general de la Policía como el organizador de la red criminal de venta de armas a un frente de las Farc desde La Modelo y quien también ordenó su secuestro.
"Lo que le ocurrió a Jineth fue una trampa con confabulación de entes estatales", explicó en la rueda de prensa el director de la FLIP, Jonathan Bock, quien subrayó que el Estado colombiano, a través de la Defensa Jurídica, se negó a reconocer eso en el juicio.
Bedoya describe su caso ante la CorteIDH como "un momento histórico" para que se tracen unas líneas de protección para todas las periodistas de la región que sean víctimas de violencia sexual.
Y volvió a insistir en el cierre de La Modelo como una medida de reparación. "No podemos seguir pensando en cerrar ciclos de violencia cuando los lugares donde se ha construido la violencia y se ha manejado la criminalidad, sigan erigidos alrededor de las víctimas", dijo.
Tras el cierre de la audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y, a partir de entonces, la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses.
Críticas al Estado
El Centro por la Justicia Internacional (Cejil), que actúa como representante de la periodista en el caso, calificó el pedido de perdón de Estado como "mínimo", pues no acepta la responsabilidad por fallas por acción y omisión, salvo el hecho de haber tomado declaración a la víctima en 12 ocasiones.
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