Luz Carime Hurtado
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Tras el preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hacker Andrés Fernando Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión, como responsable de las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas los negociadores del proceso de paz.
En el preacuerdo, Sepúlveda aceptó ser responsable de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado y violación de datos personales agravado.
Ayer al comienzo de la diligencia, el hacker pidió perdón por las actividades ilegales, asegurando que cometió el peor error de su vida: "unir mi trabajo y mi afinidad política”.
Con una voz pausada, sin temblores, Sepúlveda aseguró que él lideraba la mayor central de propaganda negra contra el presidente Juan Manuel Santos, y que el alcance de sus acciones pudo traer consecuencias nefastas y ahora teme por su vida.
“El fin justifica los medios”: hacker
Sepúlveda dijo que toda su vida la ha dedicado a la tecnología, con la que logró salir adelante. Contó que solo hasta los 21 años tuvo la oportunidad de trabajar por primera vez en política. “Fue lo mejor para mi, trabajar para la persona que tanto admiraba, se creó un nuevo partido político con el cual me sentía plenamente identificado.
Pero a Sepúlveda no le bastó lo logrado y terminó traicionándose a él mismo: “Mi trabajo con la fuerza pública fue muy corto, informal y muy productivo, ayudé en varios casos importantes, lo hice con la mejor intención y el mayor amor a mi patria, lastimosamente cometí el peor error de mi vida. Debo decir tristemente que tuve mis argumentos para hacer lo que hice, fueron exactamente iguales a los que usan quienes han cometido crímenes atroces, el fin justifica los medios".
“Todas las acciones en las que participé para luchar contra el terrorismo, fueron heridas de muerte cuando me involucré en la campaña presidencial del 2014, debido a las acciones que estaba realizando y las que faltaron por realizar contra el proceso de paz, pude desencadenar una guerra más fuerte y atroz que la que está viviendo actualmente nuestro país”.
El hacker aprovechó para contestarle al senador y expresidente Álvaro Uribe, quien en una ocasión lo tildó de loco, por decir que él estaba detrás de sus labores. “A las personas que en grandes declaraciones de prensa dicen que estoy loco no me resta sino decirles que asuman las consecuencias de sus actos, eso estoy haciendo yo, aquí estoy, aceptando mis errores y pagando por ellos”.
Las bases del preacuerdo
El principal punto de acuerdo es la colaboración que ha estado brindando Sepúlveda para el desarrollo de las investigaciones y que a la fecha ya tienen en prisión a dos Policías, dos cabos del Ejército y un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, por las “chuzadas” en la Central de Inteligencia del Ejército, conocida como ‘Andrómeda’.
Además de las investigaciones que se adelantan en la actualidad en contra del exasesor espiritual de la campaña del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, este fue quien lo contrató y también se conoció un video donde ingresa junto al hacker a un canal de televisión, al parecer para ofrecer información confidencial del proceso de paz.
El otro investigado es el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por un video de un encuentro que tuvo en la oficina del hacker donde se tocaron algunos temas del proceso de Paz. Aunque Zuluaga ha manifestado que este fue alterado, la Fiscalía confirmó la veracidad del material.
Y por último, David Zuluaga, gerente de la campaña del Centro Democrático, quien fue interrogado hace poco por funcionarios del CTI de la Fiscalía por el supuesto pago de $230 millones que habría girado a Luis Carlos Sepúlveda, hermano del hacker, al parecer, por los servicios que ofreció para la campaña.
En el búnker de la Fiscalía
La juez 22 de Conocimiento de Bogotá explicó que no podía imponer una pena mayor a 10 años porque ya había avalado dicho preacuerdo. Agregó que le parecía una pena ejemplar por los delitos endilgados.
En principio, Sepúlveda empezará a pagar su condena en el búnker de la Fiscalía, mientras el Instituto Penitenciario y carcelario (Inpec) encuentra un centro de reclusión en el que se le garantice su seguridad. También deberá pagar una multa de 120 salarios mínimos legales vigentes
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