El Gobierno se contradice sobre protección a activistas

COLPRENSA | LA PATRIA  | BOGOTÁ

La arremetida del Gobierno nacional en contra del informe presentado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos vuele a poner sobre la mesa la falta de claridad de la administración Duque en temas tan polémicos.

Según el informe expuesto en Ginebra (Suiza) por el relator Michel Forst, Colombia es el país donde más se asesinan defensores de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno puso en duda la credibilidad de las fuentes consultadas por la ONU y argumentó que algunas de las recomendaciones eran una violación a la soberanía.

Sin duda, las declaraciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, en las que aseguró que en el país había más muertes por robos de celulares que por ser líderes sociales, terminaron por ahondar los cuestionamientos sobre cuál es la verdadera posición del Gobierno frente a los defensores de derechos humanos, a quienes manifiesta estar brindándoles las garantías de seguridad.

El analista Jorge Iván Cuervo asegura que el Gobierno reacciona de manera visceral cuando lo que debería hacer es reunirse con el relator, recoger las recomendaciones y si no está de acuerdo decirlo con argumentos. Señala que negar el informe, sabotearlo y subvalorarlo, “no es lo más correcto”, ni para la imagen del Gobierno ni para un problema tan grave para el país como los crímenes contra los líderes sociales.

De acuerdo con el informe, las personas defensoras de derechos humanos son asesinadas y violentadas por implementar el proceso de paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades. Además, asegura que las defensoras son objeto de violaciones específicas de género y sus familias son blanco de ataques.

Desconcierto

No obstante, Alicia Arango, pese a las críticas tras su declaración, no se retractó y por el contrario argumentó que no puede haber muertos de primera y de segunda. Frente a esto, Cuervo agrega que al hacer estas declaraciones confunde dos universos, olvidando que el Estado tiene una obligación específica con los líderes sociales, porque tienen unas condiciones particulares y que además son responsabilidad de su cartera.

La respuesta de Arango, es en este sentido “indolente”, según Cuervo, porque tiene el objetivo de minimizar un hecho grave, quitar responsabilidad al Estado y confundir.

En contraste, el informe de la ONU señaló que la deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización por dirigentes políticos, funcionarios, personas influyentes, el sector privado y miembros de grupos armados ilegales.

Además, el informe señala que históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95% frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, que se sitúa entre el 86,58% y el 94,30%.

El analista Mauricio Jaramillo dice que lo que demuestra esta coyuntura es la falta de control del Gobierno sobre los mensajes que salen a la luz pública en materia de derechos humanos, como sucede también en política exterior o en la agenda legislativa. “Lo que vemos es que ha habido muchos casos de funcionarios que se extralimitan a la hora de hablar”, dice.

“Esto es grave porque Colombia se metió en este enfrentamiento con el relator de la ONU de manera innecesaria. Lo que vemos es un descontrol absoluto y falta de liderazgo del presidente para poner orden y decir acá esta es la voz oficial, esto es lo que nosotros pesamos”, indica Jaramillo.

El analista agrega que una oficina que monitorea los derechos humanos hace lo que está escrito en el informe y si al Gobierno no le gustó, lo más sensato era decir: no lo vamos a hacer, la Policía va a seguir permaneciendo en el Ministerio de Defensa, no va a pasar a la cartera del Interior, pero no salir a hablar de intromisión a la soberanía, porque es equipararnos con países que están en un constante desafío con el sistema de derechos humanos.

Recuerda la ONU que la Defensoría del Pueblo confirmó que, entre marzo del 2018 y mayo del 2019, las amenazas han sido más del doble, representando un aumento del 113%, afectando a líderes comunitarios, comunales, indígenas y representantes de víctimas.

El problema, dice Jaramillo, también tiene relación en que el Gobierno no tiene una narrativa coherente a la paz, que es uno de los factores que, según la ONU, influye en el asesinato de líderes sociales. “Lo que sí creo es que es muy grave que una ministra pueda darse el lujo de decir una cosa de estas y el Gobierno no salga a rectificar”.

Forst ratifica el riesgo de líderes sociales

El relator especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, cuyo mandato concluye el 1 de mayo, expuso sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, un informe que ha causado fuertes tensiones entre la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Iván Duque.

El relator precisó que entre 324 y 486 activistas –según las fuentes que se utilicen- fueron asesinados entre el acuerdo de paz en 2016 y junio del 2019.

En cuanto a los altos niveles de impunidad, Forst mencionó los 302 casos de defensores asesinados que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de los cuales “solo el 11% han sido clarificados, mientras que en el 89% restante no se ha establecido la responsabilidad”.

De estos últimos, en más de la mitad de casos las investigaciones han registrado algún progreso.