Colprensa|Bogotá
La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, solicitó al nuevo superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano Vegalara, que se posesionó ayer, adelantar las investigaciones contra la firma brasileña Odebrecht y evitar que esta vuelva a contratar con el Estado durante 20 años.
“En el caso de Odebrecht han llegado al descaro de pedirle al Gobierno Nacional un acuerdo de reparación integral, con el argumento de que si nos dan unos recursos entonces el Gobierno se comprometa a suspender las acciones legales en su contra”, Ramírez.
Agregó que no piensan concederle esta petición a la firma brasileña. Sostuvo que junto a Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, el Gobierno está buscando que la firma asuma todas las responsabilidades a nivel jurídico.
Por su parte, Gómez aseguró que no es posible pensar que quien comete “semejante crimen de corrupción y soborno pueda volver a la contratación pública”.
“La agencia en conjunto con la ANI está estudiando la posibilidad de iniciar una acción de reparación directa para demandar a Odebrecht por los perjuicios causados. Estos serían dos litigios más contra Odebrecht”, dijo Gómez.
Ramírez agregó que el Gobierno quiere invocar una convención internacional contra el soborno, para pedirles a todos los países de Iberoamérica que saquen adelante una lista de empresas que han sido condenadas por casos de corrupción, para evitar que vuelvan a contratar con los estados de la región.
Investigados
$65 mil millones sería el monto de los contratos simulados dentro de la concesión de la Ruta del Sol II, como parte del
entramado de corrupción que haría parte del caso Odebrecht, informó la Fiscalía en un comunicado.
La información del ente acusador da cuenta de que las firmas Consultores Unidos Colombia, Consultores Unidos Panamá, Profesionales de Bolsa, SION y TTU (Técnicas Territoriales y Urbanas) serían responsables de un paquete de sobornos que se habrían pagado entre el 12 y el 15 de junio de 2017.
Estas sociedades fueron mencionadas en los audios que Noticias Uno reveló y que dan cuenta de la advertencia que el exauditor de Corficolombiana le hizo al entonces abogado del grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general. Los 65 mil millones que asegura la Fiscalía tiene en la mira corresponden a 10 contratos que se suscribieron entre Consol y la Concesionaria Ruta del Sol 2.
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