El Eln deberá responder por 15.000 crímenes

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Fiscalía anunció ayer que acusará a la cúpula de la guerrilla del Eln por 15.896 delitos, entre ellos crímenes de guerra y de lesa humanidad, secuestros y asesinatos cometidos en los últimos 30 años en el conflicto armado interno.

La macroimputación, como fue definida en una rueda de prensa por el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, incluye a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, número uno del Eln, grupo con el que el Gobierno espera iniciar un proceso de paz.

También serán acusados Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Erlinton Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.

Alias Pablo Beltrán y Antonio García hacen parte de la delegación del Eln que el pasado 30 de marzo anunció con el Gobierno en Caracas un acuerdo para abrir una negociación de paz similar a la que se lleva a cabo con las Farc en La Habana.

En la investigación, que abarca el periodo 1986-2016, la Fiscalía documentó que el Eln es responsable de al menos 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados, 1.605 infracciones al Derecho Internacional Humanitario y 80 casos de violencia de género, entre otros crímenes, detalló Perdomo.

La Fiscalía citó entre los homicidios emblemáticos cometidos por el Eln el del padre del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el médico y político Jorge Cristo Sahium, asesinado en Cúcuta, el 8 de agosto de 1997.

También está el secuestro, tortura y asesinato del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo, perpetrado el 2 de octubre de 1989 por el Frente Domingo Laín del Eln.

"Es decir que los máximos responsables del Eln tendrían que responder por cerca de 15.800 hechos durante toda la época de violencia y barbarie que han generado como grupo ilegal", apostilló Perdomo.

Destacado

En la investigación, la Fiscalía documentó 126 casos de feminicidio cuyas víctimas eran mujeres de Arauca, Boyacá y Casanare, asesinadas por ser novias de policías y soldados o porque les prestaban servicios de cocina o lavado de ropa a miembros de la Fuerza Pública.

La investigación incluye también el asesinato de 11 servidores públicos, entre ellos un senador, alcaldes, concejales y diputados, así como de 48 trabajadores de la Fiscalía, militares o policías.