El desbloqueo se cumplió a medias

Los voceros de sectores que se sumaron al paro agrario, como camioneros, representantes de los trabajadores de la salud, estudiantes y dirigentes de la Marcha Patriótica advirtieron que pese a los acuerdos logrados entre el Gobierno y dirigentes agropecuarios de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, el paro nacional continúa.

A través de un comunicado señalaron que estas organizaciones no han entrado en contacto con el Gobierno y negaron las denuncias del presidente Juan Manuel Santos, quien señaló que la Marcha Patriótica busca fijar su agenda política sin importar los intereses de los campesinos.

El anuncio se dio luego de que los dirigentes campesinos reunidos en Tunja anunciaran que aunque el paro se mantiene llegaron a un primer acuerdo con el Ejecutivo, gracias al cual ordenaron el despeje de vías en el país, decisión que no fue acatada en varios sectores.

Frente a los reclamos de Santos por intereses ocultos detrás del paro, señalaron que "no compartimos acciones ajenas a los intereses de los campesinos, empresarios y productores del campo y desmentimos la afirmación de estar ligados a cualquier movimiento político".

¿Que se acordó?
El primer acuerdo al que se llegó tiene que ver con la disminución de aranceles de los fertilizantes. Aurelio Iragorri, secretario de Presidencia, citado por Colprensa, dijo que se abrirá el mercado para que no solo tres firmas sean las que los comercialicen y reconoció que no es justo que los fertilizantes más caros del país se paguen en Boyacá.

El Ejecutivo también propuso a los campesinos pagar por cada carga de papa que entre del extranjero, como si ellos la hubieran producido. Igual ocurrirá con cada kilo de leche en polvo que entre al país. Además, se comprometió a restringir la importación de leche en polvo, papa, pera, arveja, tomate, fríjol, entre otros. En relación a los precios de la gasolina, indicó que este tema se trata en una mesa especial, con los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

Día de reuniones
En la mañana de ayer, Santos anunció medidas para controlar el orden público, entre ellas, la militarización de Bogotá, el desplazamiento de 50.000 uniformados para desbloquear las carreteras y el pago de recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes brinden información que permita capturar a quienes intimidan a los campesinos para obligarlos a parar.

Al término de una reunión con los gremios empresariales, Santos los invitó a "trabajar por construir un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural". Agregó que esta situación se ha convertido "en una gran oportunidad para articular diferentes trabajos que se vienen realizando, diferentes iniciativas que se han venido discutiendo, y de una vez por todas darle al país una señal clara sobre sus intenciones hacia el futuro en materia de desarrollo agropecuario".

El presidente también se reunió con líderes de los partidos de la Unidad Nacional, quienes respaldaron las decisiones del Gobierno y pidieron a los colombianos rechazar los actos vandálicos. Al tiempo, solicitaron a los campesinos demostrar voluntad para la negociación. También pasaron por la Casa de Nariño, los gobernadores a quienes les pidió asumir el control del orden público en sus regiones con su apoyo.