El delito político, la controversia por venir en el proceso de paz

A pocos días de que el Gobierno y las FARC se vuelvan a sentar en la mesa de negociación, siempre y cuando quede superado el impase de los recientes secuestros, la forma como deberá aplicarse una justicia transicional y la interpretación que se les dará a los delitos políticos, serán temas que ocuparán el tiempo de esa instancia de diálogo.

Aunque la aplicación de un modelo transitorio de justicia no será nueva para el país, sí es claro que no podrán ser replicados los que se usaron en la década de los años noventa del siglo pasado, para las guerrillas M-19, EPL y Quintín Lame, o el más reciente, que se hizo para las Autodefensas.

En opinión del analista Jhon Mario González, es necesario ampliar el delito político a como se concibió en el pasado, porque ni las FARC ni el ELN van a firmar un acuerdo de finalizar el conflicto para entregarse y terminar en una cárcel.

El abogado Raúl Eduardo Sánchez, quien además es litigante ante la Corte Penal Internacional, considera que en los grupos guerrilleros “a un altísimo porcentaje de sus integrantes” se les deberá procesar por esos llamados delitos políticos, que son la rebelión, la sedición, la asonada y la conspiración para cometer esas conductas.

Sánchez dice que a esas conductas se les deben sumar los llamados delitos conexos, como son el porte ilegal de armas o el uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas. “En un altísimo porcentaje se tendrá que acudir a mecanismos como la amnistía, el indulto, el perdón, que son derivados del delito político”.

El jurista aclara que ante delitos que sean considerados crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, siempre deberá contemplarse la voluntad de los autores: “Tendrá que aplicárseles un mecanismo de justicia transicional que no sea explicado como la venganza estatal o de la justicia”.

González y Sánchez coinciden en recordar que una situación distinta pasó en el proceso de reinserción de los miembros de las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esa oportunidad, aunque el presidente de la República quiso que se les aplicara la misma figura de los delitos políticos a sus integrantes, pero su posición no tuvo acogida en el Congreso de la República ni en la opinión pública, lo que llevó a que se aprobara la Ley de Justicia y Paz, de manera que en especial los grandes jefes tuvieran que pagar condena de cárcel.

Esos delitos políticos no se pudieron aplicar a los paramilitares porque su accionar delictivo no estuvo fundamentado en la lucha por el poder, la cual identifica a las guerrillas.

Sánchez plantea que será en el momento en que se ratifiquen en las urnas los eventuales acuerdos de paz, cuando los colombianos expresen si están de acuerdo con ampliar el espectro de los delitos políticos y determinen cuáles conductas se incorporen en esa justicia transicional.

UN NUEVO ESCENARIO

Una posición más distante es la que tiene el excomisionado de paz Camilo Gómez, quien dice que la redefinición del delito político y sus conexos “que es donde está el punto fundamental, nunca puede llegar a incluir delitos de lesa humanidad como el secuestro”.

Para Gómez, será muy difícil que en esa justicia transicional se pretendan incluir los mismos delitos que se dieron en procesos con otras guerrillas: “Hay que tener en cuenta algo de fondo; es que el marco jurídico y los tratados internacionales vigentes en ese momento eran distintos, entonces el marco jurídico actual no puede ser solamente la ley colombiana, sino que obligatoriamente deben ser tratados como el de la Corte Penal Internacional y los tratados contra el terrorismo, como el de Naciones Unidas, e internos, como el marco jurídico para la paz”.

Los analistas si coinciden en que más allá de los compromisos adquiridos con la Corte Penal Internacional, sus condicionamientos no llevarán al traste lo que se pacte en acuerdos del Gobierno con las FARC y el ELN, de lograrse.

Dice Gómez que “no necesariamente los tribunales internacionales tienen un marco específico que actúe de manera subsidiaria a la justicia colombiana. El punto importante es que la justicia transicional debe ser un marco jurídico que genere justicia; no debe haber falta de justicia para ninguno de los delitos que no sean conexos a los políticos, porque de lo contrario actuaría la jurisdicción internacional”.

Frente al delito del narcotráfico, en el cual están incursas las dos guerrillas que hoy dialogan con el Gobierno, el abogado Sánchez señala que hay diferentes consideraciones. La primera es que Colombia, como Estado, firmó la Convención de Viena sobre tráfico de estupefacientes, en la que se prohíbe considerar como delitos políticos los de narcotráfico.

Aclara Sánchez que esa misma convención expresa que esa restricción debe estar basada en limitaciones constitucionales, “si el Estado considera que el narcotráfico es un delito conexo, nada obsta para que pueda ser considerado como delito amnistiado”.

La discusión aún está por darse y cuando llegue a la mesa y la opinión pública se ocupe del tema, la controversia será mayor. Como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en días pasados, será el momento en que el país “se trague varios sapos”, por alcanzar la paz.