El Centro Democrático empieza con su bloqueo a la Farc

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Superada la polémica del reglamento de funcionamiento de la Justicia Especial de Paz (JEP), las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes le dieron vía libre, en la madrugada de ayer, a la ley que amplia el número de miembros en las comisiones constitucionales, esto por la llegada desde el 20 de julio de miembros del partido político Farc.

En el acuerdo de paz se pactó que desmovilizados de la antigua guerrilla llegarían al Congreso de la República de forma directa por dos periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026, con cinco senadores y cinco representantes, esto sin importar si en las urnas alcanzaban el umbral requerido.

Por esa razón se tramitó la ley, pero se determinaron bloqueos para que ese partido pueda actuar en el Legislativo.

El bloqueo se dio por petición del Centro Democrático (CD), que por intermedio de la senadora Paloma Valencia pidió que ningún miembro de la Farc puede estar con representación en la Comisión Segunda, que se encarga de estudiar los temas de seguridad y relaciones internacionales.

Tampoco la posibilidad de conocer información clasificada del Estado, además de que fueran ponentes de los ascensos de los militares, fueron las propuestas que se impusieron en el momento de aprobar la iniciativa.

El senador Roy Barreras, ponente, explicó que en esta ley no se le otorgan a la Farc los cupos directamente en las comisiones, sino que se amplía el número de miembros en algunas.

Desde julio se abrirán dos cupos más en la Comisión Primera, la cual estudia los asuntos constitucionales; igual número en la Tercera, que es la de asuntos económicos y una cuota más en la Quinta, que estudia los temas ambientales y energéticos.

La Farc para llegar a cualquiera de las células constitucionales, menos la segunda, deberá competir a través del voto que se hace por el sistema de cuociente entre las bancadas.

En otras palabras, se hace muy difícil que un vocero de la desmovilizada subversión pueda estar en la Comisión Primera, así alcancen una coalición, mientras es casi segura su ubicación en las células tercera y cuarta (económicas), sexta (comunicaciones), y séptima (educación y salud).

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que esa decisión del Congreso es inconstitucional. "Es contraria a la Constitución... no pueden decirles que no integren una determinada comisión. No puede haber congresistas de primera, segunda o tercera categoría, todos son iguales", señaló. La ley pasó a la sanción del presidente, Juan Manuel Santos.

También lo hizo el reglamento de la JEP después de su conciliación. A petición del CD se aprobó que los jueces de ese alto tribunal, en caso de extradiciones de exmiembros de las Farc, solo se limitarán a certificar en qué momento fue el delito por el que se les pide y que al interior de la JEP se cree una sala especial para que los militares sí comparezcan a la misma. Deben esperar 18 meses mientras que se constituye la misma, lo cual debe pasar con una reforma constitucional.

Ya el partido del electo presidente de la República, liderado por el exmandatario y actual senador Álvaro Uribe, anunció su objetivo de impedir que los líderes de la antigua guerrilla ocupen las curules que les fueron otorgadas en el Senado y la Cámara hasta que no cumplan con las penas impuestas por la JEP y reparen a las víctimas. Además, que las curules que se van a crear para las víctimas también sean ocupadas por miembros retirados de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno Nacional le pedirá a la Corte Constitucional revisar la ilegalidad de los artículos referentes a que la JEP no practique pruebas en caso de extradiciones y la comparecencia de militares a la misma.