Después de ocho debates el acto legislativo para la paz logró ser aprobado por las mayorías del Congreso de la República con cinco artículos, uno acordado por las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc y con la reiteración de que sin refrendación no se aplicará lo planteado en la iniciativa.
El articulado establece los instrumentos que le permitirán al Gobierno hacer las leyes requeridas para implementar los acuerdos en materia rural, de participación política y demás. Esto lo establece el artículo primero con la creación de un procedimiento especial que reduce el tiempo de legislación.
En él se plantea que las reformas y leyes serán de autoría exclusiva del Gobierno, y que si los congresistas quieren hacer modificaciones deberán contar con el aval del mismo. En sesiones extras se podrán discutir las iniciativas y los proyectos de ley que serán tramitados en dos debates: el primero en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, según el tema que corresponda; y el segundo en las plenarias.
En cuanto a las reformas constitucionales, que normalmente tienen 8 debates se reducirán a 4, por lo que se harán dos en Senado y otros dos en Cámara o viceversa. Y por último indica que los proyectos y reformas tendrán control automático y único de constitucionalidad tras la respectiva aprobación.
El artículo segundo ha merecido críticas de la oposición debido a que le otorga facultades especiales al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley. Éstas se le darán por 180 días tras la entrada en vigencia del acto legislativo, pero no podrá expedir reformas constitucionales, leyes estatutarias, orgánicas, códigos, o leyes que necesiten mayorías calificadas o absolutas para su aprobación, ni podrá decretar impuestos.
La iniciativa también contempla un plan de inversiones para la paz en su artículo tercero. Éste deberá ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo con un componente específico para los sectores más afectados por el conflicto.
El artículo cuarto es el que acordaron las delegaciones de paz de La Habana. En él se le abre la puerta al acuerdo final para que ingrese al bloque de constitucionalidad y sea considerado como referencia durante la implementación de los acuerdos.
También determina que el acuerdo se eleva a categoría especial en los términos de los convenios de Ginebra y se establece que una vez este vigente el acto legislativo, lo pactado será incorporado al derecho interno por medio de una ley tramitada de manera especial por el Congreso.
El último artículo corresponde a la vigencia y este es su contenido: "El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".
Esta fue la modificación que se le dio a la iniciativa a su paso por la Cámara de Representantes, con ánimo de eliminar los comentarios respecto a que si el acuerdo final entra al bloque de constitucionalidad, ya no se necesitará la refrendación.
Lo que sigue
Con la aprobación del acto legislativo lo que sigue es la conciliación con la plenaria del Senado de la República que se espera hacer durante la próxima semana.
"Esperamos ahora conciliar el martes próximo los textos de Senado y Cámara para que el acto legislativo quede totalmente aprobado y su entrada en vigencia condicionada a la refrendación de los colombianos", dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Tras esa conciliación, se deberá hacer la promulgación, es decir la publicación del acto legislativo por parte del presidente Santos y de allí pasará a la Corte Constitucional, donde quienes consideren que esta iniciativa va en contra de la Constitución Política podrán demandar la norma.
Esto es precisamente lo que hará el representante Samuel Hoyos del Centro Democrático: "Habrá que demandar por supuesto su constitucionalidad. Meter un narcoartículo redactado desde La Habana por unos criminales para que entre a la Constitución en su séptimo debate rompe el principio de consecutividad que debe tener".
Cosa que no ve como peligro el ministro del Interior: "Estamos absolutamente tranquilos con la consecutividad del articulado, con la discusión amplia que se dio en todos y cada uno de los ocho debates".
La Corte revisará el expediente de la iniciativa, solicitará conceptos de las diferentes entidades estatales así como de sectores académicos y demás, y definirá aproximadamente entre junio y agosto si avala o no el acto legislativo.
Paralelamente el Gobierno empezará a trabajar los proyectos y reformas que se presentarán en el Congreso. Se hará la refrendación popular por medio del plebiscito -si se aprueba-, y con el sí del pueblo colombiano esperarían presentar en septiembre el paquete legislativo para que sea tramitado y se empiece a aplicar el acuerdo final pactado con las Farc.
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