El Bajo Cauca vive bajo el miedo

FERNANDA TORRES TOVAR

COLPRENSA | LA PATRIA | CAUCASIA

El Bajo Cauca es de las regiones de Colombia más afectadas por la violencia. Según la Gobernación de Antioquia, las cifras de homicidio en la región se triplicaron en el 2018.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, realizó una misión humanitaria a esta zona, que además de la violencia, sufre los efectos de la emergencia de Hidroituango.

A las amenazas y ataques contra líderes sociales y la presencia de grupos armados ilegales, se suman la falta de oportunidades de empleo y deficiencias en los servicios de salud y educación.

Violencia

En Cáceres hay un límite invisible, el puente desde donde se avizora el río Cauca. A mano derecha mandan los Caparrapos, mientras que a mano izquierda, el Clan del Golfo.

Los dos grupos armados ilegales se disputan el territorio para manejar el negocio de la coca, que semanalmente deja de cuatro a cinco homicidios en el pueblo que ha sido abandonado por el 30% de su población. Los grupos al margen de la ley han hecho huir a los habitantes del municipio, para convertir los solares de las casas en corredores de droga.

Aunque el Ejército y la Policía hacen presencia en el municipio para brindar seguridad a sus habitantes, la amenaza de los grupos armados ilegales persiste sobre el municipio.

Los cacereños se quejan de la falta de presencia del Estado. Las autoridades locales no duermen en el municipio: van durante el día, cumplen sus labores y a las 5:00 de la tarde se mueven hacía Caucasia, un pueblo cercano, pero suficientemente alejado de las amenazas que han emitido en su contra.

Los cacereños no hablan, sienten temor de denunciar los actos delictivos que a diario ven en su región. Los profesores están amedrentados, no por amenazas contra su vida, sino porque algunos de sus alumnos han sido reclutados por los grupos armados ilegales. Cientos de comerciantes han tenido que cerrar sus establecimientos y desplazarse para cuidar de su vida y las de sus familiares.

“Gente Cacereña se les pide que desocupen todo el barrio de La Magdalena y Calle Nueva incluso negocios de la Calle Nueva, no se hagan matar sapos hp malandros colaboradores”, decía la amenaza enviada por los Caparrapos vía WhatsApp.

El mensaje decía además que les daban hasta las 7:00 de la noche del viernes para abandonar la zona, de lo contrario habrían consecuencias.

Los más longevos del pueblo dicen que las advertencias se deben tomar en serio, pues dichas estructuras pueden asesinar a la familia o reclutar a los jóvenes entre los 13 y 19 años para enlistarlos en el mundo del crimen.

De acuerdo con las autoridades, las estructuras dedicadas al negocio de la droga no suelen reclutar a los menores de edad de la misma forma en que lo hacían las extintas Farc. Estos grupos los meten primero en el mundo de las drogas para hacerlos depender de ellas y, una vez adictos, vinculan a otros y, sin darse cuenta, se hunden en el mundo de la criminalidad.

En Caucasia los grupos al margen de la ley luchan por controlar la minería ilegal y el negocio del narcotráfico. Allí también operan el Clan del Golfo y Los Caparrapos, además del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según la Dfensoría del Pueblo, se calcula que unas mil 200 personas tuvieron que desplazarse a causa del conflicto armado el año pasado.

Caucasia, según información de la Gobernación de Antioquia, cerró con 152 homicidios el 2018. Hasta el 21 de febrero de este año se han contabilizado 16 homicidios.

Los líderes

Agobiados por las amenazas contra su vida, los líderes sociales del Bajo Cauca le pidieron al Gobierno que adquiera un seguro para cada uno de ellos, para que si no es posible evitar que se atente a su contra, al menos su familia no quede desamparada.

“Uno sabe a lo expuesto que está, a uno lo eliminan, pero queda la familia de uno desamparada. Uno no teme que le vayan hacer algo, sino que quedan sin fuente económica, ya que uno es el que lleva la comida a la casa”, afirma Albano Aricapa, un líder social de un corregimiento ubicado a tres horas de Tarazá, que cuenta con 18 veredas en donde habitan 2 mil familias.

La petición muestra la sensación de desamparo que tienen los líderes sociales de Tarazá, un municipio en el que en los dos primeros meses de este año ya habían sido asesinados dos defensores de derechos humanos, según información de la Gobernación de Antioquia. En el 2018 se registraron 109 homicidios.

20 líderes sociales se encontraron con el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, como parte de una misión humanitaria que el funcionario llevó a cabo por el Bajo Cauca, precisamente para visibilizar la problemática que padecen en esa zona del país.

Pese a las dificultades de acceso, los líderes sociales se trasladaron hasta la cabecera municipal de Taraza para exponer sus preocupaciones ante el defensor.

Son muchas, pues estar en medio de diferentes factores de violencia, los ha hecho víctimas de los Caparrapos, del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc, y aunque la Fuerza Pública hace presencia en la zona para brindarles seguridad, habitantes de la región denuncian que también son atropellados por sus miembros.

Incluso, por la desconfianza que sienten hacia las autoridades del municipio, pidieron que en su reunión con el Defensor no hicieran presencia el comandante de la Policía, ni del Ejército, que debieron esperar fuera del recinto.

“Lo que nosotros vemos como líderes es la estigmatización que hay de entidades del Gobierno como grupos al margen de la ley, que nos ponen barreras invisibles o no nos dejan expresarnos libremente”, dice Aricapa.

Según el líder, de 60 años, el Ejército ha ingresado en más de una ocasión a su comunidad a realizar operativos y les ha prohibido el ingreso al mismo. También los han calificado de miembros de grupos al margen de la ley e incluso los han retenido en ocasiones.

La conclusión del defensor del Pueblo es que el Bajo Cauca está sumido en el hambre y la desolación. "Hay Fuerza Pública, pero estos grupos como el Clan del Golfo, Los Caparrapos, el Eln, las disidencias del frente 18 y 36 están generando desasosiego en la comunidad".

"Ni pescado, ni río, ni trabajo"

Samuel tiene 30 años y lleva en la sangre su oficio de pescador. Tenía 10 años cuando su papá le enseñó a pescar y cree que esa fue la mejor herencia que le dejó. Sin embargo, dice que el Cauca, que recuerda en ese entonces como un río próspero, ya no es el mismo y la labor que había desempeñado en su vida ha tenido que remplazarla por otra actividad.

Han pasado tres semanas desde la emergencia que obligó a Hidroituango a cerrar las compuertas de la presa y a reducir, por días, el caudal del río Cauca por debajo de los niveles mínimos ambientales. Aunque el afluente ha ido retomando su caudal los efectos sociales en la zona todavía se sienten.

Samuel recuerda que se podía sumergir en él Cauca y, con el agua al pecho, sacaba bocachicos tan grandes como su brazo. Un pescado podía valer 200 o 300 pesos, pero ahora, valen entre 2 mil y 3 mil pesos y su tamaño no es igual. “Las cosechas eran buenas, tan buenas que yo tenía que regalar el pescado, ya vendía el suficiente para llevar la comida a la casa y no lo podía botar. Ahora ni pescado, ni río, ni trabajo”, dice.

Ahora, su trabajo es sumergir baldes vacíos en el río para sacar lo que en las ciudades se conoce como gravilla, es decir, la tierra que ha quedado reseca convertida en materia prima. Aunque los habitantes de la zona reconocen que el río se ha recuperado, aseguran que su cauce ya no es el mismo y ya no es un fuente de trabajo como lo era en otra época.