El antecedente de las Convivir que la justicia pide no repetir

Alejandra Bonilla Mora

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El 29 de enero de 1997 integrantes de las Farc y de un grupo denominado 'América Libre' activaron un artefacto explosivo de dinamita en el segundo piso del edificio Santo Domingo, en Medellín, dejando un saldo de cinco muertos y 53 heridos. La acción iba dirigida a cuatro cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como las 'Convivir', que funcionaban de forma ilegal en el inmueble. El hecho motivó una condena a la Nación, representada en Medellín.

La condena del Consejo de Estado se convierte en un examen judicial de las llamadas 'Convivir', las polémicas cooperativas de particulares a quienes se les entregó un poder que constitucionalmente corresponde a la Fuerza Pública: el manejo de armas restringidas, la realización de labores de inteligencia y de operativos para controlar el orden público.

Este es un reparo del Consejo de Estado a las Convivir, cuya polémica ha tocado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haberlas permitido cuando era gobernador de Antioquia, en 1995.

La historia

El atentado, dice el fallo, iba dirigido a la Asociación Convivir para la Educación, la Paz y la Libertad, AC- EPAL, Coopamic, Cooviesam, y el Comité de Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos Empresas Públicas de Medellín, que estaban ocupando el inmueble.

Jhon Jairo Castaño Villa, como representante legal, solicitó el 20 de septiembre de 1995 a la Gobernación de Antioquia la personería jurídica de AC- EPAL, asegurando que buscaba promover la educación, la salud, la recreación, el empleo y la seguridad de la comunidad, buscando la pedagogía para "conciliar conflictos", entre otras actividades. El 11 de octubre el gobernador de Antioquia, que para esa época era Uribe Vélez, reconoció la personería jurídica y aprobó sus estatutos.

Las quejas empezaron entre julio y septiembre de 1996 ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre supuestas actividades ilegales realizadas por la Convivir con fachadas, hecho que, sumado a una visita de la Secretaría de Gobierno, motivó una advertencia para que no fuera renovado el contrato en el edificio.

Una queja de mayo de 1997 ante la Personería de Medellín provenía de trabajadoras sexuales del sector de Veracruz, quienes alegaban que vivían "supremamente amenazadas por un grupo de más de 10 integrantes de la Cooperativa Convivir".

Hechos

Para junio de 1997, la misma gobernación que había avalado a AC- EPAL, le suspendió la personería jurídica bajo resolución 42594 que indicaba que se estaba poniendo todo el empeño para que las Convivir actuaran dentro del marco legal pero que, según informaciones, algunos integrantes de esa organización "han incurrido en hechos que son materia de investigación, por presumirse violatorias del ordenamiento penal".

Pero los problemas no pararon. En marzo del 98 fue denunciada por la Policía por apropiación de tierras en el barrio La Camila de Medellín y en septiembre fue objeto de una medida cautelar de la Supervigilancia por manejo irregular de armas y por la cantidad de denuncias en su contra.

Dos años después de la explosión, la Gobernación le canceló la personería jurídica. Para ese momento las investigaciones de la Fiscalía habían llevado a acusar a cuatro personas por ese ataque y se había señalado que el atentado iba dirigido, en principio, contra "la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Medellín –Asocomunal y las denominadas Convivir", todas funcionando en el mismo edificio.

El fallo

El Consejo de Estado asegura que no se explica cómo las autoridades, conociendo de los hechos presuntamente irregulares que rodeaban a las Convivir y de las irregularidades en su ubicación en el edificio Santo Domingo, no se hizo nada para prevenir un daño ni proteger a la población civil de una organización que, dice la Corporación, contaba con una “cobertura de aparente legalidad”.

Y concluye: “El Estado aceptó con su silencio que se configurará, más allá del riesgo jurídicamente aprobado y tolerado, una fuente de peligro para la sociedad”.