COLPRENSA | EFE | LA PATRIA | MEDELLÍN
El Ejército Nacional retirará la directriz criticada por The New York Times, en la cual, los comandantes proyectaban el aumento de bajas que tendrían para este año en los resultados operacionales. Esta acción se realiza tras cuestionamientos presentados por el informe del periódico estadounidense.
El mayor general Nicacio Martínez informó que el documento se dejara de utilizar con el fin de “evitar malas interpretaciones” externas, según lo informó El Tiempo.
El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", puso al Gobierno a la defensiva.
En el artículo del periodista Nicholas Casey y publicado el sábado, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el Gobierno está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Para atajar la polémica, que obligó a Casey a salir del país ante acusaciones de senadores del partido oficialista Centro Democrático, que tacharon al periodista de ser simpatizante de la antigua guerrilla de las Farc y de recibir dinero por su reportaje, el Gobierno aseguró que no tolera ese tipo de acciones militares.
Según The New York Times, en la institución existe una orden para que los militares "no exijan perfección" al matar, ni siquiera en los casos en los que dudan sobre el objetivo del ataque, lo cual, afirmaron militares, implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
La sola mención de los "falsos positivos" causa escalofríos en un país en el que en la década pasada miles de jóvenes, en su mayoría campesinos pobres e incluso discapacitados, fueron "reclutados" con falsas promesas de trabajo para luego ser asesinados por militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate y de esta forma mostrar resultados a sus superiores.
La Fiscalía investiga cerca de 5 mil casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Este fenómeno "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008", durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe, de los críticos del informe del NYT, al que acusa de "proteger la impunidad al narcoterrorismo", junto con su colega María Fernanda Cabal.
La ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país.
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