El Ejército Nacional deberá pagar una indemnización de 1.455 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes campesinos que murieron en medio de un enfrentamiento armado en Cajibío (Cauca) en abril de 1992 y fueron presentados como un ‘falso positivo’.
El Consejo de Estado declaró responsable administrativamente al Ejército Nacional por la muerte de tres jóvenes campesinos que se dedicaban a labores agrícolas y, por su trabajo, transitaban por la zona cuando se presentaron los combates.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cali, había negado la indemnización por considerar que los jóvenes actuaron imprudentemente porque, “aunque conocían de los combates que se producían en el lugar, siguieron transitando por la vía”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, no compartió dicho razonamiento pues a pesar de que la conducta de los jóvenes no fue cuidadosa, su comportamiento no justificaba que fueran dados de baja.
Además, se demostró que estos no portaban armas que presumieran un peligro para los soldados de la zona ni actuaron de manera irregular.
Según los testimonios de las personas del lugar, las víctimas eran conocidas como recolectores de café. Por su parte, las pruebas de balística demostraron que uno de ellos fue muerto con un disparo a corta distancia, lo que desvirtúa el argumento de los miembros de la Fuerza Pública según el cual fueron asesinados en un enfrentamiento.
“La prueba recaudada resulta suficiente para comprometer la responsabilidad del Estado, a título de falla en el servicio, por cuanto el Ejército Nacional dio muerte a tres personas dedicadas a labores de campo, desarmadas, vestidas de civil, sin nexos con grupos subversivos, uno de ellos ultimado prácticamente a contacto y existiendo irregularidades en el manejo de los cuerpos, aspectos todos estos que fueron debidamente acreditados en el proceso”, señala la sentencia.
El fallo además cuestionó el comportamiento del Ejército pues no hubo cuidado en el levantamiento de los cuerpos, pues se hizo en la morgue del Instituto de Medicina Legal y no en el lugar donde fueron dados de baja. Por tal razón, no se pudo contar con los elementos probatorios idóneos que señalaran las circunstancias en las cuales fueron encontrados.
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