EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El Gobierno del presidente, Iván Duque, abanderó un discurso ambiental que lo llevó a asumir ambiciosos compromisos en la arena internacional y a darle prioridad en la agenda nacional, pero los logros cosechados en este campo dejan un sabor agridulce al final de su mandato.
Los cuatro años del Gobierno que termina el próximo domingo estuvieron marcados por el contraste entre el discurso marcadamente ambientalista de Duque y sus ministros y las polémicas por el fracking, las cifras de deforestación o la no ratificación del Acuerdo de Escazú, entre otras.
Sin embargo, y a pesar de haber sido acusados en ocasiones de tener un "doble discurso", la actual Administración deja el poder con la sensación de haber hecho los deberes.
Entre los compromisos de Colombia en la cumbre climática COP26 está la reducción en un 51% de la emisión de gases. El acuerdo es que el país reducirá en 51% las emisiones de gases de cara al año 2030 y alcanzará, para 2050, el carbono neutro. Otro triunfo del Gobierno de Duque en términos ambientales fue la generación de canales de financiamiento en temas como deforestación y cambio climático.
Y aunque se han reconocido logros de su política ambiental, como una mayor relevancia en el ámbito internacional, los triunfos han sido "parciales" porque "no existe una información clara y transparente sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos", cuenta Mauricio Madrigal, profesor universitario e investigador de la Universidad de Los Andes.
Además, incumplió promesas de campaña, como que en Colombia no habría fracking -ya está en marcha un plan piloto- y las políticas no han frenado la violencia que viven los líderes ambientales en el país, de los más mortíferos para ser defensor y activista de la naturaleza.
Este sabor agridulce que deja la política de Duque "se enmarca en una visión de gestión ambiental pública más orientada hacia un modelo tradicional de mercado, a un enverdecimiento del neoliberalismo y del esquema de mercado", agrega Madrigal.
El experto añade que la política gubernamental se ha quedado sin las "modificaciones estructurales" necesarias para atajar la triple crisis: climática, de contaminación y pérdida de biodiversidad.
En este sentido, Madrigal insiste en que las políticas ambientales tienen que ir de la mano de los derechos humanos y de las ciencias, a la vez que deben implicar "cambios en las estructuras productivas y económicas".
Y aunque se puede hablar de "aspectos positivos", sobre todo en relación a la "regulación general sobre transiciones energéticas y sobre temas de emisiones y cambio climático", donde se han logrado algunos "puntos claves", hay otros aspectos que han quedado "invisibilizados", como la contaminación por mercurio en la Amazonía, por ejemplo.
Por tanto "son logros o triunfos a medias porque no existe una rendición de cuentas efectiva, integral y oportuna que permita valorar más allá del reconocimiento y más allá de lo que se notifica", no se puede fiscalizar "la aplicación efectiva y la materialización las políticas".
Retos para el próximo gobierno
El próximo Gobierno, que arrancará su andadura el próximo domingo cuando Gustavo Petro tome el relevo de Duque, ha mostrado por el momento un discurso marcadamente ambientalista que resta comprobar si materializará.
Para afrontar la triple crisis, la nueva agenda ambiental deberá elevar el nivel de ambición poniendo el foco en la deforestación y uso del suelo -especialmente tras la reciente cifra que señala que la tala de árboles en 2021 aumentó un 1,5 %-, en la minería, el cambio climático, en los sistemas alimentarios, delitos ambientales y justicia ambiental.
Para esto, organizaciones como WWF Colombia ya han adelantado recomendaciones y prioridades de acción en el corto plazo: "Colombia puede jugar un nuevo rol en el contexto global si conserva el capital natural que hoy le da el carácter de potencia global en términos de regulación climática y conservación de biodiversidad", recuerda la organización.
Especialmente porque Colombia "es un país altamente vulnerable al cambio climático, por eso, la movilización de recursos en acciones para reducir esa vulnerabilidad y el riesgo asociado debe considerarse de prioridad nacional", agrega WWF.
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