COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El Juzgado Municipal de Puerto Colombia (Atlántico), con funciones de control de garantías, cobiijó con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria a la exregistradora de Puerto Colombia, Margarita María Alvarado, quien habría ejercido irregularmente su cargo en el municipio, durante el período de inscripción de cédulas entre febrero y julio de 2015.
La Fiscalía le imputó a los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude en inscripción de cédula y obtención de documento público falso, cargos que Alvarado no aceptó.
La funcionaria, quien actualmente se desempeñaba como registradora de Puerto Asís, habría trasladado el lugar de votación de 700 personas, entre ellas estudiantes de una universidad de Barranquilla que aparecieron inscritos para votar en Puerto Colombia el próximo 25 de octubre, sin justificación aparente.
Según la Fiscalía, Alvarado presuntamente realizó este proceso irregular para beneficiar a un candidato al Concejo, que también sería investigado por el ente acusador.
El anuncio de la captura de la exregistradora fue comunicado por el propio fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien afirmó que esta localidad del Atlántico ha sido la más afectada por trashumancia electoral. "El Consejo Nacional Electoral anuló el 85% de las cédulas inscritas entre octubre de 2014 y agosto de 2015 en este municipio".
Traste de votos
Un juez de la República dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra la candidata al Concejo del municipio de Galeras, Fanny de Jesús Machado Martínez, dentro de un proceso que se le adelanta por trasteo de votos. Machado, de 54 años, fue implicada en un caso de trashumancia electoral y se le imputó el delito de fraude de inscripción de cédulas en concurso con documento público falso. La líder política, militante en el Partido de la U, había sido capturada en un operativo realizado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Seccional Sucre. Machado Martínez no aceptó los cargos, pese a las declaraciones de siete personas del corregimiento de Santiago Apóstol (San Benito Abad), quienes afirman que ella les pagó para que inscribieran sus cédulas en el municipio de Galeras,de donde es oriunda.
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