
Miguel André Garrido
COLPRENSA | LA PATRIA
Durante 2011 diariamente dos personas fueron reportadas como fallecidas a pesar de estar ‘vivitas y coleando’. Esto se ha mantenido, por lo menos, durante el primer semestre del presente año. De las 125 mil 280 cédulas canceladas por muertes en los seis primeros meses, la Registraduría Nacional ha tenido que echar para atrás 461 casos, pues se trataba de decesos falsos.
Griceldino Arévalo Rocha es un ejemplo de los “muertos vivos”. No pudo cobrar su pensión de jubilación por haber sido reportado como fallecido. Un caso parecido afrontó Elías Barraza, barranquillero quien a pesar de pasearse orondo por la arenosa, aparecía como difunto en la Registraduría. Este mismo drama lo padeció Jailer Moreno, quien fue confundido, al parecer, con un anciano que murió en un pueblo de Boyacá.
Cada error se lo achacan a las registradurías, aunque el ente rector de la identificación en Colombia dice que en muy pocos casos es responsable. Sin embargo, la institución viene implementando soluciones para dar respuestas efectivas y ayudar a los afectados; de paso busca depurar las bases de datos de quienes sí se quieren pasar de vivos, como Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, detenido recientemente durante su boda en una isla del caribe colombiano, luego de la cual se descubrió que hace años figuraba como oficialmente muerto.
Las artimañas de Torres Martínez para simular su muerte le dan la razón a la Registraduría cuando afirma que la cancelación de cédulas en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) es una decisión que se toma “no por capricho o facultad de esa entidad, sino que se sustenta en un registro civil de defunción tramitado ante ésta última, o una notaría”. En cualquier caso el sustento principal es un certificado de defunción expedido por un médico, o una orden de un juez o de un fiscal.
No son las únicas instancias donde se puede producir un error que termine por dar por muerto a quien no lo está. Se les suman equivocaciones que puede cometer la policía judicial, cuando un cadáver porta documentos que no corresponden al occiso y esa situación se pasa por alto.
Ni qué decir de los yerros en las funerarias. Martín Salcedo, director nacional de Registro Civil, recuerda que en el 2011 un empleado de una funeraria en Soacha (Cundinamarca) tramitó el registro civil de defunción y en el campo para escribir el nombre del fallecido registró el de la persona quien reportó la muerte.
Otro yerro frecuente es redactar erradamente un número del documento de identidad en el certificado de defunción. En este caso sucede que se reconoce como fallecido al dueño del número que fue digitado de forma equivocada.
Los problemas no son solo individuales. En Putumayo, en especial su capital (Mocoa), es muestra de lo sencillo que puede ser dar por muerto a alguien, sin siquiera percatarse. En julio del 2010 en el departamento fueron reportados como fallecidos 861 usuarios del Sistema de Salud, que eran quienes hacían parte de la base de datos de Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), información toda que fue incorporada en una resolución de cancelación de servicios, por muerte.
Ocho meses después la Secretaría de Salud Municipal de esa población solicitó la revocatoria de estas cancelaciones, por tratarse de un error al momento de suministrar la información. Para demostrar ese hecho se adjuntó una certificación de Selvasalud EPS.
En julio del 2010, esta vez en Chocó, fueron reportados como fallecidos 131 usuarios del Sistema de Salud cuya información fue incorporada en otra resolución de cancelación por muerte. En febrero de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de Atrato pidió echar abajo esa determinación, por cuanto se incurrió en un procedimiento errado del funcionario que recibió la información.
Desde hace cuatro años la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría trata de solucionar esos problemas. En primera instancia, agilizó el trámite de revocatoria de cancelación de cédulas por muerte.
Hasta mediados de 2011 un vivo que descubría haber sido dado por muerto debía acudir al juez de familia e iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria para anular el registro civil de defunción; tras obtener sentencia a favor debía esperar, por lo menos, tres meses para que fuera rehabilitada la cédula.
Hoy el afectado por un caso como esos puede ir a cualquier Registraduría del país a que se le registran las huellas; estas se cotejan con las que reposen en las bases de datos como de la primera cédula entregada. Una vez comprobado que el ciudadano sí es quien dice ser, se restablece la cédula de ciudadanía en una semana.
En todo caso, una vez corregido el error, el funcionario que conoció el caso debe informar a la Fiscalía para que investigue la presunta comisión de un delito. Lo mismo debe hacer con la oficina de control interno disciplinario, si el registro se tramitó en una registraduría, o en la Superintendencia de Notariado y Registro, si fue en cualquier notaría.
Para hacer más ágiles estos procedimientos y reducir la afectación a los derechos civiles de las personas involucradas en estos hechos, desde el pasado 1 de julio la Registraduría Nacional puso a disposición de las notarías, consulados y demás entes encargados del registro civil, una aplicación web que les permite reportar en tiempo real los registros civiles de defunción, lo que garantiza una permanentemente actualización de la base de datos.
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