Día cero para el marco jurídico para la paz

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Hoy se vencen los plazos legales para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la viabilidad del Marco Jurídico para la Paz y, de paso, sobre el escenario que el Gobierno Nacional considera como la “oportunidad histórica” para ponerle fin a 50 años de conflicto.

La Corte debe pronunciarse sobre una demanda que planteó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en contra de tres expresiones de esa reforma constitucional -Acto Legislativo 01 de 2012- que en últimas consagran que habrá una priorización y una selección de los crímenes cometidos en el conflicto para que sean juzgados.

El Marco introduce elementos de justicia transicional para investigar a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas sistemáticamente, así como los delitos de lesa humanidad. Y, además, establece la posibilidad de suspender las penas o de imponer una pena alternativa a esos responsables.

Para la CCJ, se trata de una herramienta inadecuada para conseguir la paz, porque el Estado estaría autorizando a dejar en la impunidad crímenes que no hayan sido cometidos ni sistemáticamente ni por los máximos responsables.

Esta demanda, presentada en diciembre del 2012, agudizó el debate que ya se había adelantado en el Congreso y provocó el debate constitucional más importante de los últimos tiempos en el país.

Está en manos de la Corte darle vía a una reforma constitucional, que es precisamente un Marco, que luego deberá ser reglado por leyes estatutarias que tendrán que dejar en claro cuáles son esos criterios de selección y de priorización, qué delitos son conexos con el hecho mismo de alzarse en armas y qué pasará con los casos no seleccionados.

Analizan

La Sala Plena de la Corte estudia la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que pide avalar el Acto Legislativo 01 del 2012, pero bajo 10 condiciones que buscan salvaguardar los derechos de las víctimas.

La ponencia deja en claro, como exigencia, que debe terminar de forma absoluta el conflicto para que se pueda aplicar el Marco y, para esto, debe haber entrega de armas y desmantelamiento de sus formas de financiación, ya que, de no hacerlo, los beneficios de justicia transicional perderían sentido: no habría posibilidad de cumplir con la garantía de no repetición y, así, de mantener la paz.

El magistrado ponente afirma que la expresión “máximos responsables” no es una limitante para que, posteriormente, se pueda investigar a otros participantes de los crímenes por la misma obligación que tiene el Estado de perseguir a responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

De acuerdo con el texto, el Marco no significa impunidad en lo relacionado con los crímenes de guerra, pues los que hayan sido cometidos en desarrollo del conflicto deberán ser seleccionados y sancionados.