
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Ante la jueza 72 de garantías, que lleva a cabo la medida de aseguramiento en contra de los 13 detenidos por atentados y disturbios en la Universidad Nacional, la Fiscalía presentó el correo que amenaza de muerte al fiscal Eduardo Montealegre, donde intimidan con 'poner' una bomba en los juzgados de Paloquemao si los jóvenes eran declarados culpables.
Según el ente acusador, los detenidos no podrían quedar en libertad ya que representan un peligro para la sociedad. "Todos sabemos de la presunción de inocencia de los imputados, pero mire como ya, sin acabar las audiencias preliminares, se está atemorizando a la administración de justicia, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con la ley su señoría".
El correo electrónico se presentó para sustentar la medida de aseguramiento en contra de David Camilo Rodríguez Hernández, alias El profe. Por este e-mail, según el fiscal del caso, se tuvo que reforzar la seguridad de los juzgados de Paloquemao.
¿Qué dice el correo?
"El Gobierno de Colombia se ha equivocado con las personas detenidas y a quienes relaciona falsamente con los pequeños atentados en Bogotá, lo han hecho para aprovechar la coyuntura histórica y por presión pública han detenido inocentes. De ahí que lo sentimos por ellos, pero vamos a destruir desde sus bases los juzgados de Paloquemao y vamos a matar, en cuanto nos sea posible, al delincuente y corrupto Luis Eduardo Montealegre, tarde o temprano, si es humano, lo matamos, se muere, tenga la protección que tenga. Esperen el golpe. Con paciencia pero con seguridad. -Los de Arriba".
No aceptaron cargos
A David Camilo Rodríguez, alias El profe; Heiler Anderson Lamprea, alias Mechudo y Gerson Alexánder Yacumal, alias Nicolás, les fueron imputados los delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público agravada.
A los otros 10 detenidos: Daniel Eduardo Hernández Muñoz, Gabi; Luis Daniel Jiménez, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Félix Augusto Martínez Gutiérrez, Andrés Felipe Rodríguez Parra, los hermanos Lizeth Johana y John Fernando Acosta, Paola Andrea Salgado (contratista de la Secretaría de Salud), Sergio Esteban Segura Guiza (contratista de la Secretaría de Educación) y Stefany Lorena Romo Muñoz (contratista de la Secretaría de Educación), se les imputaron los delitos de tráfico, porte y fabricación de explosivos, además de violencia contra servidor público por los que podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
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