Colprensa| LA PATRIA
La repentina destitución del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, ha generado entre los sectores políticos y ciudadanos, diferentes reacciones. Mientras algunos respaldan la decisión otros la rechazan radicalmente.
Uno de los sectores políticos que se ha expresado en contra es el que integra la comisión negociadora de paz de las Farc, la cual, a pesar de reconocer sus diferencias con el destituido Alcalde, ha manifestado que existe una persecución por parte del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra de Gustavo Petro.
En una declaración hecha el 25 de octubre de este año, la comisión de las Farc reconoce en Petro “un alcalde independiente, no inscrito en el bipartidismo y elegido por voto popular”, al cual “no le perdona Ordoñez su compromiso con la defensa de lo público, ni su visión incluyente de ciudad” y explican que “de ahí surge su pretensión de destituirlo”.
También juzgan como “un mal precedente para la paz de Colombia” esta decisión que “se busque el derrumbe de una Alcaldía, que no solamente fue elegida democráticamente, sino que el establecimiento ha mostrado como ejemplo de que sí es posible hacer política sin armas”.
Por esta razón, las Farc expresaron su rechazo a esta decisión y, en la misma declaración afirmaron que “es inadmisible, que mediante el abuso del poder, se destituya a funcionarios elegidos popularmente y se mantenga con ello, en contravía del interés nacional, un obstáculo a la aspiración de alcanzar una democracia plena”.
Influencia sobre el proceso de paz
Para algunos analistas esta destitución tendrá un fuerte impacto en los diálogos de paz de La Habana (Cuba). Entre ellos se encuentra el ex asesor de paz, durante los diálogos de San Vicente del Caguán, Lázaro Viveros quien la calificó como “un Golpe de Estado a Bogotá”.
Para Viveros, la destitución del alcalde Petro “repercutirá en las decisiones que se tomen en La Habana”. Según él, esto se debe a la similitud entre un alcalde que fue guerrillero y se desmovilizó para entrar en la política, y las Farc que están en conversaciones con el mismo fin.
En concepto de Viveros, “el Procurador ha tomado una decisión ilegítima, destituyendo a una alcalde elegido popularmente”, lo que para él, llevará a que los negociadores de las Farc analicen y se den cuenta de que “no habrá garantías para ellos si llegan al punto de la desmovilización”.
Viveros reiteró que “el Alcalde es elegido popularmente y no es un funcionario nombrado” y en ese sentido, “se está violando el derecho al voto que tienen los ciudadanos que lo escogieron”.
Por otro lado, hay quienes opinan que esta decisión no tiene por qué afectar el proceso de paz y entre ellos se encuentra el director del Centro de Pensamiento - Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, Alfredo Rangel Suárez.
Para Rangel, “el Procurador actuó de manera completamente legal y totalmente apegado al Derecho”, por lo que según él no existe conspiración alguna.
Agregó que “durante el período del doctor Ordóñez, se han sancionado cerca de 80 alcaldes y gobernadores de diferentes partidos” por lo que según él “es absolutamente absurdo creer que la destitución de Petro se hizo por ser de un movimiento alternativo”.
Por esta razón, Rangel considera que esta destitución no va a tener ningún impacto sobre lo que se negocia en La Habana.
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