'Desayuno-vaca', otra polémica que salpica al alcalde Petro

 Una nueva polémica desató el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, esta vez por cuenta del desayuno privado que tuvo lugar en la mañana de este viernes en el Restaurante Plaza de Andrés.

Allí, más de medio centenar de comensales se dieron cita no solo para expresarle su apoyo solidario al Mandatario Distrital frente al proceso de revocatoria que programará la Registraduría Nacional, sino también para hacer un aporte económico para financiar su defensa jurídica.

Según trascendió, con papayera, vítores, aplausos y la firma de un afiche de Petro, los asistentes pagaron un bono, de acuerdo a sus posibilidades, pues los había desde un millón de pesos hasta cinco millones.

Al evento asistieron amigos y allegados del Alcalde, pero también personalidades como el vocero del Movimiento Progresistas, Antonio Navarro Wolff, la congresista andina Gloria Flórez, y algunos funcionarios de la Administración Distrital como el Secretario de Movilidad Rafael Rodríguez y el Secretario Privado de la Alcaldía, Jorge Rojas, entre otros. También asistió Eduardo Noriega, ex secretario General del alcalde Petro.

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

En círculos políticos y jurídicos comenzó a hablarse de una supuesta irregularidad de parte de los funcionarios de la Administración que asistieron al desayuno.

Frente al tema, el analista Juan Manueal Charry tiene dos consideraciones: una política y otra jurídica.

En el primer caso, dice Charry, “es perfectamente válido” que se organice un espacio como ese, pues el alcalde está en su derecho de explicar a sus funcionarios su programa de Gobierno “para que ellos lo expliquen al elector y este conozca cómo ha sido ejecutado”.

Según el experto, la ley de Mecanismos de Participación Ciudadana (Ley 134 de 1994) “establece que el elector debe tener suficiente información a favor y en contra para que pueda tomar la mejor decisión que considere”.

En lo jurídico, Charry descarta que los funcionarios con responsabilidades administrativas hayan incurrido en participación en política, aunque advierte que “se trata de una frontera muy difícil de demarcar”.

Al respecto, explica Charry, el programa del Alcalde obedece a un respaldo partidista “y si hay algún tipo de participación en política, esta queda legitimada en virtud de los alcances de la Ley 134”.

Charry recuerda que en 2003, para el referendo contra la corrupción que promovió el entonces presidente Álvaro Uribe, él mismo y todos sus ministros se encargaron de hacerle campaña a esa iniciativa y difundir por todos los medios los alcances de esa propuesta.

“Es el mismo caso del alcalde Petro, y más cuando tiene la amenaza de un proceso de revocatoria”, señala