"Demandamos propuestas claras del Gobierno": Asonal

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, señaló ayer que el abismo entre la propuesta que plantea el Gobierno y la que entregan los empleados judiciales es demasiado grande, lo que impide que se haya llegado a un acuerdo sobre la nivelación salarial.

El funcionario señaló que se están dispuestos a atender un nuevo llamado para sentarse en la mesa de negociaciones, pero necesitan que las propuestas sean más claras y cercanas a la realidad.

¿Cuál es la diferencia presupuestal entre el Gobierno y ustedes?

El presupuesto, incluyendo gastos de funcionamiento e inversión, actualmente es de $2 billones 200 mil millones. Para el próximo año, el presupuesto que presentó el Consejo Superior de la Judicatura asciende a $3 billones 600 mil millones, pero el Gobierno y el Congreso solamente aprobaron $2 billones 600 mil millones. Nos un billón de pesos que iba a ser utilizado en la modernización de la justicia, la descongestión y, por supuesto, la nivelación salarial.

¿Qué les planteó el Gobierno en la última reunión?

Que estaba dispuesto a nivelar la rama judicial en 20 años, lo que por supuesto generó el rechazo de toda la mesa de negociación y la protestas de funcionarios que se encontraban allí, como fue el caso del Fiscal General, Eduardo Montealegre, y del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa. La ministra de Justicia, luego de consultar, manifestó que entonces eran 15 años y que no podían dar más de $50 mil millones anuales. Al finalizar los 15 años estaríamos hablando de los $750 mil millones y nosotros estamos proponiendo tres años.

El Gobierno plantea que tendrían que modificar la Reforma Tributaria para satisfacer las aspiraciones de la justicia...

Le decimos al Gobierno que invierte miles de millones en otros rubros no tan importantes. Si han hecho reformas tributarias para construir casas en el aire; le han invertido a un proceso de paz con las autodefensas una serie de recursos que tampoco hemos visto que han servido… La solución nuestra solo cuesta un billón y medio y no estamos pidiendo que sea ya, sino a varios periodos.

Lo que viene

¿Qué sigue?

Continuaremos la movilización, estamos llamando a todo el país a que se radicalice más. Haremos movilizaciones en todo el país el próximo viernes (mañana) y estamos programando una toma a Bogotá para la próxima semana.

¿Se han sumando más empleados?

Sí. Muchas fiscalías que estaban laborando se han sentido indignadas con las propuestas del Gobierno. Podemos decir que ha servido mucho la posición del Gobierno para unificar el movimiento judicial colombiano.

¿Cuántas personas participan en el cese de actividades?

En este momento son aproximadamente 40 mil funcionarios, de los 45 mil que somos entre jueces, asistentes de juzgados, fiscales, CTI y Medicina Legal.

*Ver nota sobre el paro en Caldas en la página 11A.

Propuesta de proyecto

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes citó ayer a los ministros de Justicia, Ruth Stella Correa, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para que respondan y brinden una solución al paro judicial. También citaron al presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, y al Fiscal general, Eduardo Montealegre.

El representante Juan Carlos Salazar, quien radicó la proposición, considera que “se ha venido haciendo conejo a la justicia desde 1992 con el tema de nivelación salarial”, y asegura que ninguno de los dos últimos ministros ha tomado verdaderas cartas en el asunto”.

Por eso presentó un proyecto que incluirá el resultado de la discusión, con el que se pretende solucionar el problema salarial. Contempla que la nivelación quedaría así: “el salario del funcionario categoría circuito y su fiscal delegado será equivalente al 80 por ciento de lo que devenga un Magistrado de Tribunal. El salario del funcionario categoría municipal y su fiscal delegado sería equivalente al 80 por ciento de lo que devenga un funcionario categoría circuito y su fiscal delegado, respectivamente”.

El proyecto de ley, que no ha cursado ni siquiera un debate, establece un fondo de vivienda para la Rama Judicial.