Dejan en firme destitución e inhabilidad de Alonso Salazar

LA PATRIA

El Consejo de Estado dejó en firme el fallo que destituyó e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, por presunta participación en política mientras ejercía el cargo.

El Alto Tribunal negó la suspensión provisional del fallo impuesto por la Procuraduría General de la Nación, luego de que la defensa de Salazar argumentó que los fallos de primera y segunda instancia violan derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la igualdad.

Las razones de la defensa estarían relacionadas con que no se hizo un análisis integral de las pruebas aportadas, lo cual conllevó a una desproporcionada medida sancionatoria.

Sin embargo, el magistrado de la Sección Segunda de la Corporación, Gustavo Gómez Aranguren, concluyó, después de analizar la petición de la medida cautelar, que la defensa no sustentó de manera clara el por qué considera que hubo una violación de los derechos fundamentales del exalcalde en los fallos de la Procuraduría.

De acuerdo con el auto que explica la decisión, “se ha tratado de sustentar la supuesta violación del principio y derecho a la igualdad con un argumento basado en la interpretación normativa y la apreciación probatoria que llevó a cabo la Procuraduría, en el cual no se alude siquiera a un posible trato discriminatorio, o a las razones por las cuales se dio al señor Salazar Jaramillo un tratamiento distinto al que recibieron casos iguales. Se ha tratado de sustentar la supuesta violación del derecho al debido proceso con un argumento genérico y superficial atinente al desconocimiento de la presunción de inocencia”.

“El escrito de solicitud de suspensión provisional presentado por el apoderado del señor Salazar no cumple con el nivel argumentativo mínimo, y en esa medida transfiere al Consejo de Estado una carga analítica y de argumentación que le corresponde asumir al demandante”, puntualizó el Auto.

La decisión se da tres meses después de que el Alto Tribunal admitió la demanda presentada por el exalcalde Alonso Salazar en contra del fallo disciplinario de la Procuraduría General.