Defensoría señala a la Policía de asesinatos en Tumaco

LA PATRIA | MANIZALES *
El ataque en Tumaco deja muchos interrogantes. Todavía no está claro qué pasó el jueves durante el tiroteo que se produjo en zona rural del municipio de Nariño en el que perdieron la vida seis civiles y 15 más resultaron heridos, según datos oficiales. 
El presidente, Juan Manuel Santos, ordenó una investigación para conocer, entre otras cosas, cómo reaccionó la Policía, que ayer fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo. Testimonios recogidos por la entidad luego del asesinato de los civiles que participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos señalan como presuntos responsables del hecho a miembros de la Policía Antinarcóticos.
“Ante la presunta responsabilidad de miembros de la Policía en el homicidio múltiple ocurrido en Tumaco, la Defensoría del Pueblo solicita al Fiscal y al Procurador una investigación especial”, indicó la Defensoría en un comunicado.
Sumado a ese ataque ayer se presentó un hostigamiento a tiros de uniformados contra una misión humanitaria de autoridades locales, ONG y periodistas que intentaban llegar al lugar donde fueron asesinados los seis campesinos cocaleros.
Tras conocer el pronunciamiento de la Defensoría el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, aseguró que la Policía debería declarar la suspensión disciplinaria de los uniformados implicados en los hechos del jueves.
“Uno esperaría que la institución declare la suspensión disciplinaria de los policías para dar garantías plenas mientras la justicia llega a una conclusión. Las pruebas técnicas están siendo recabadas por la Fiscalía y lo que hemos dicho es que el Gobierno rodeará de garantías a los organismos investigadores para que las entidades de control puedan esclarecer los hechos”, aseguró Naranjo.
Y agregó que si se comprueba la responsabilidad de los uniformados en los hechos “hay tres caminos: uno disciplinario sobre el cual la propia Policía tomará decisiones; uno penal donde la justicia deberá esclarecer la responsabilidad individual y finalmente uno de reconstrucción de confianza con las comunidades”. 

Contexto
Según el Ejército y la Policía, disidentes de las Farc lanzaron explosivos el pasado 5 de octubre y dispararon contra miembros de la fuerza pública que escoltaban a erradicadores de matas de coca en una zona llamada Puerto Rico, y contra una multitud congregada en el lugar para protestar contra esa labor, ocasionando las seis muertes.
Tras el asesinato de los seis civiles el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica culpó a la Policía del ataque y dijo que miembros de esa institución “amenazaron y dispararon de forma indiscriminada sus armas de dotación en contra de la multitud que se encontraba en el lugar”.
Los campesinos entrevistados por la Defensoría del Pueblo, “niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque, como las disidencias de las Farc, y el lanzamiento de armas no convencionales como tatucos o cilindros bombas”.
La versión de la comunidad descarta, asimismo, la participación del Ejército y exalta el apoyo brindado por los miembros de esa institución en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos. 
Las primeras aseveraciones entregadas por las autoridades señalaban como culpables de los asesinatos a disidentes de la columna Daniel Aldana de las Farc, cuyo líder es conocido con el alias de Cachi, quien prefirió seguir delinquiendo que desmovilizarse tras el proceso de paz, pero después de conocerse el informe de la Defensoría del Pueblo hay más dudas que certezas, lo que sí está claro es que la violencia sigue retroalimentándose con la coca, única opción de vida para muchos campesinos como los que murieron el jueves.

Todo por la coca 
Tumaco es, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la localidad con más hectáreas dedicadas a cultivos de coca en Colombia, considerado primer productor mundial de cocaína.
No era ningún secreto que parte de la financiación de las Farc, guerrilla ya desmovilizada y transformada en movimiento político, tenía su fuente en el narcotráfico, un negocio muy goloso que pervirtió el conflicto armado.
Con las Farc, que dominaban amplias zonas del territorio colombiano fuera del mapa, quedaba por ver quiénes se enrocarían a un negocio y unas regiones a las que el Estado intenta acceder con decenas de miles de hombres y mujeres de la fuerza pública.
Los primeros en sentirse atraídos son los exguerrilleros de las Farc. Unos 400 de ellos no acataron el acuerdo de paz y salieron en busca de un negocio más rentable que los 620 mil pesos que recibirán durante 24 meses como parte de los planes de reincorporación.
Sin embargo, varias fuentes indicaron que las disidencias no están particularmente cohesionadas entre sí y, aunque no combaten por los mismos territorios, tampoco “trabajan” juntos.
Otro tema esencial son las alianzas para sacar la cocaína de Colombia a los mercados mundiales.
Pese a que no lo confirman fuentes oficiales o policiales, varios estudiosos del conflicto colombiano indican que a la zona de Tumaco llegan grupos de mexicanos que están en contacto con el grupo de disidentes que está bajo el mando de alias Guacho, ecuatoriano a quien Santos declaró objetivo de “alto valor”.
Los vínculos de los carteles mexicanos en Colombia sí están probados y en varias ocasiones la Policía y la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) los han demostrado, tanto entre las Farc como entre el Clan del Golfo, otro de los grupos que mantienen la violencia.
Nacidos de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los del Clan del Golfo se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y siembran el terror en regiones como el Urabá, fronteriza con Panamá y clave en las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.
Hoy son la mayor banda criminal del país y tienen en común con las disidencias de las Farc su forma de actuar, tratando de controlar el territorio y persistiendo como narcotraficantes tras décadas de negocio.
El último de los casos lo protagoniza un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en su mayoría en 1991 y dedicado al narcotráfico en el Catatumbo, una selvática región de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Como los disidentes de las Farc y el Clan del Golfo, su violencia se siente en las zonas que controlan y, alimentados por el negocio de la cocaína, siembran el terror entre la población.
Sobre ellos hay menos información y no existen datos fiables sobre sus vínculos con carteles mexicanos, sin embargo el senador Iván Duque del Centro Democrático denuncia que en el Catatumbo tiene varios corredores el llamado Cartel de los Soles de Venezuela.
Que el Estado sea ahora capaz de someter a todos ellos a la justicia y romper de raíz el círculo vicioso del narcotráfico es clave para que las disidencias de las Farc no reciclen una violencia de más de medio siglo y se enquisten en unas regiones de las que se han apropiado.

* Con información de EFE. 

Al referirse al ataque de ayer, la Policía manifestó que “lamenta este hecho, ofrece excusas públicas a los integrantes de la comisión y reitera su disposición de colaborar con la investigación respectiva, previo aviso y coordinación interinstitucional”.