Defensoría pide que se declare emergencia social por crisis carcelaria

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió al Gobierno Nacional que declare la emergencia social por la crisis carcelaria que se vive en el país y que ha llevado a que los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), entren en un cese de actividades.

“Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional acudir a esa figura para entrar a solucionar ese grave problema que es de orden nacional, no hay ciudad en el país que no tenga problemas de hacinamiento, de servicios públicos y de salud para los internos”, afirmó el funcionario.

Otálora advirtió que “por un lado no podemos hablar de respeto, reconciliación y procesos de paz cuando por otro lado a los seres humanos los estamos maltratando y les estamos desconociendo sus derechos”.

El funcionario señaló que la situación actual “es una violación sistemática de los derechos humanos” y corresponde a una “ausencia de política de Estado, no de este Gobierno si no de todos los gobiernos. ¿Cuántos muertos más tenemos que aportarle al Estado, cuántos internos más tienen que sacrificar su vida para que el Estado por fin mire a este sector?”, cuestionó.

Finalmente, el Defensor recordó que no se trata solo de un problema de violación a los derechos humanos, si no que detrás de la crisis hay grandes pérdidas económicas para la nación. “Por errores en las detenciones y por los abusos en las medidas de aseguramiento, el Estado hoy tiene demandas por más de $22,8 millones, dinero que va a perder por falta de una política seria”, afirmó.