Bogotá - El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó a la Cancillería revisar las denuncias de las comunidades de Ragonvalia y Herrán (Norte de Santander), con el fin de adoptar medidas diplomáticas pertinentes con el gobierno venezolano.
La petición se hizo, luego de que tres puentes fundamentales para el acceso a servicios como la educación, la salud y las actividades comerciales, fueran derribados en confusos hechos entre ciudadanos de dichos municipios y miembros del Ejército venezolano, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Las sucesos que se presentaron los pasados 5 y 6 de julio "afectan a medio centenar de estudiantes venezolanos que se encuentran matriculados en instituciones colombianas, y que quedaron impedidos para recibir sus clases habituales como consecuencia", aseguró la entidad.
Adicionalmente, el organismo manifestó que las declaraciones de las personas, señalan que en la vereda La Colina, así como en el sector El Oasis, militares venezolanos habrían sobrepasado la frontera para hostigar a los pobladores.
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