Defensores de DD.HH. siguen en el blanco

EFE | LA PATRIA | | BOGOTÁ

La ONU expresó ayer su preocupación por la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, en donde en 2016 observó 389 ataques de los cuales 59 fueron homicidios.

Asimismo instó al Gobierno y a las Farc a reconocer plenamente sus responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, para generar procesos de reparación en consenso con las víctimas.

Así consta en el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado ayer en Bogotá, en el que se hacen 15 recomendaciones sobre este asunto.

Entre los 59 asesinatos, 44 fueron verificados y los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales, señala el informe.

El documento atribuye cuatro al Eln, uno al Epl, dos a milicianos de las Farc, uno a disidentes de esa guerrilla, seis a particulares y uno a la Policía durante una protesta social. La mayoría de asesinatos se presentaron en zonas que dejaron las Farc.

El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, explicó que el control territorial no llega de la simple presencia de la fuerza pública. "Las Farc tenían una influencia en la economía, en la política, en lo social, y para cambiar la situación en estos territorios el Gobierno tiene que tener una aproximación integral".

Añadió que la gente que ha estado viviendo tantos años bajo la influencia de las Farc está esperando tener las mismas oportunidades de la Colombia moderna en educación y salud como lo hacen las personas en ciudades como Bogotá.

Para lograr esos cambios, Howland sugirió que el acuerdo de paz sea implementado lo más rápido posible porque notaron que varios defensores asesinados el año pasado lo fueron por apoyar políticas en favor del Gobierno en aspectos como restitución de tierras, sustitución de cultivos y minería ilegal.

En la presentación del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, se cuestionó el programa de libertad condicional que tiene la Ley de Amnistía para funcionarios del Estado y de las Farc que lleven más de cinco años detenidos, sin tener en cuenta la gravedad de sus delitos.