EFE | LA PATRIA | Bogotá
El Gobierno declaró la emergencia carcelaria, que le permite adoptar medidas para los presos, dos días después de que reclusos de 13 penales se amotinaran, aparentemente para exigir protección contra el covid-19, con un saldo de 25 muertos y 83 heridos.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica, tomaron "la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público", mediante la Resolución 144.
La resolución señala "que el país y el sistema carcelario en este momento afrontan la coyuntura de afectación global por la pandemia de coronavirus covid-19".
Agrega que esa situación "no solo desborda las capacidades del mismo Estado, sino que tiene además un potencial determinante de afectación a ciertos grupos vulnerables de la población, dentro de los cuales se encuentran los privados de la libertad, así como los funcionarios penitenciarios".
Teniendo en cuenta ese panorama sanitario y los motines del sábado por la noche con 23 presos muertos y 83 heridos en la cárcel la Modelo, de Bogotá, y dos fallecidos más en la de Cómbita, en Boyacá, se tomó la decisión de aprobar la emergencia carcelaria.
Con ella, el Inpec podrá "tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, tales como traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la fuerza pública", explicó el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.
También le permite trasladar o dar permisos a presos mayores de 60 años -que no estén condenados por delitos graves-, personas enfermas, madres gestantes, o que ya tengan permiso de salida por 72 horas.
Con la medida, añade el Ministerio, se "busca trabajar por la salud y la seguridad de los privadas de la libertad, funcionarios y sus familias".
La emergencia carcelaria no le da facultades al Gobierno para hacer excarcelaciones ya que esta es una decisión que es potestad de los jueces que llevan los procesos.
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