COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes decidió declarar ayer desierta la licitación que buscaba contratar el servicio de mantenimiento de los vehículos de la corporación.
La directora administrativa de la entidad, Gloria Inés Raigoza Pinzón, dijo que los documentos que acreditaban a un profesional integrante del equipo técnico de la única empresa proponente, tienen inconvenientes en cuanto a su veracidad, al confrontarlos con las entidades correspondientes.
“Ante tal situación simplemente dimos aplicación a la ley, claro está, protegiendo los derechos de contradicción del proponente, el cual en la audiencia respectiva, ante los argumentos y las pruebas presentadas por el equipo jurídico de la Cámara de Representantes, aceptó la decisión”, explicó.
En consecuencia, se procedió a rechazar la propuesta y a declarar desierta la licitación pública.
Seguidamente, dentro del marco de las leyes que regulan la materia se procederá a adelantar un nuevo proceso de escogencia, bajo la modalidad de selección abreviada que demorará máximo un mes.
“Necesitamos blindar a la entidad y recuperar su credibilidad no sólo ante los organismos de control y las autoridades competentes, sino especialmente ante la opinión pública”, puntualizó Gloria Inés Raigoza.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, ordenó el pasado 30 de octubre suspender el proceso de adjudicación en licitación para la renta de 215 vehículos por un valor de $70 mil millones.
La decisión obedece a que la corporación dejó en manos de la Policía Nacional la seguridad total de los legisladores. Sin embargo, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional ordenó en los últimos días revocar la licitación que suscribió la Cámara de Representantes con esa entidad para la compra de vehículos blindados para los congresistas.
Los estudios previos para la adquisición de los vehículos calcularon una inversión de un poco más de 19 mil millones de pesos para la compra de 51 carros de blindaje tipo IV.
No obstante, por un concepto de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, se decidió disminuir a nivel III el blindaje de los vehículos, por lo cual la Dirección Administrativa de la Cámara solicitó que en el proceso de contratación se aumentara a 71 el número de carros que serían comprados con los mismos 19 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que el valor de los vehículos también disminuía.
Para la Procuraduría es indebido ordenar este cambio en el proceso contractual, cuando los estudios previos arrojaron resultados distintos, concepto que fue acogido en la resolución del Fondo Rotatorio de la Policía.
La resolución dice que “se alteró la necesidad establecida inicialmente por la Cámara de Representantes en el análisis que se realizó en los documentos, estudios de mercado, estudios previos y lo finalmente plasmado en los pliegos definitivos”.
Se argumenta que se debió informar con amplia anterioridad al Fondo Rotatorio de la Policía para poder modificar el número de carros que debían ser comprados, lo cual según la Procuraduría, no se hizo.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, había dejado en manos del Fondo Rotario de la Policía el proceso de adquisición de los vehículos, contrario al presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien traslado los recursos de los vehículos al Gobierno Nacional para que se destinaran para atender a los damnificados de la ola invernal en el país.
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