Ese 11 de marzo de 1998 Heyner se despertó agitado. Sudaba. Acababa de ver a su padre dentro de un ataúd vestido con su uniforme de policía, con el elegante, ese que usaba para las ceremonias. El chico de 18 años, sin embargo, se convenció de que solo se trataba de un mal sueño. El peor de todos.
Horas después, escuchó los gritos de su mamá. En La Peña (Cundinamarca) los vecinos corrían de un lado a otro. El Frente 22 de las Farc había lanzado un cohete contra una patrulla que custodiaba un helicóptero del Banco Agrario. Heyner llegó al sitio de la explosión y allí estaba su papá. Pero no se veía como en esa pesadilla que se hacía realidad. Parte de su cuerpo había volado en pedazos. Heyner se tragó el llanto. Recogió los restos que estaban regados en el piso y luego los envolvió en hojas de plátano. Ni siquiera encontró una sábana. Es que ya cinco, seis, siete -no recuerda bien- habían sido utilizadas para envolver a los otros policías asesinados.
Han pasado 16 años y esa imagen sigue intacta. La ve todo el tiempo, cuando cierra los ojos en la noche, cuando los abre en la mañana, es como una foto tatuada en su mente.
Cómo decirle, entonces, que él, por ser el hijo de un policía, no es considerado víctima de esta guerra.
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La Real Academia de la Lengua Española define la palabra víctima como aquella “persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”. Así de simple. En Colombia, sin embargo, definir quién es víctima y quién no, se ha convertido en un asunto tan complejo como la misma guerra que desangra al país hace 50 años.
El debate se ha centrado, sobre todo, en si militares, policías y guerrilleros también deben ser considerados víctimas del conflicto armado. Se ha escuchado, entonces, una batalla de voces a favor y en contra.
Las Farc, por supuesto, insisten en que los miembros de las Fuerzas Armadas son combatientes y no víctimas. Y sostienen que aquellos que algún día tuvieron o tienen en su poder no son secuestrados, sino “prisioneros de guerra”.
Pero van más allá. El pasado domingo, en pleno inicio del Foro Nacional Sobre Víctimas, el grupo emitió un comunicado que encendió la polémica, al afirmar que “los guerrilleros que se encuentran presos y con problemas de salud también deberían ser tratados como víctimas”.
Estas declaraciones aumentaron la tensión entre los familiares de policías y militares que participaban en el foro. Más aún, cuando el propio representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, reconoció que “hay diferentes opiniones” entre la delegación de las Farc y el Gobierno frente al reconocimiento de los uniformados como víctimas.
Marleny Orjuela, líder de Asfamipaz (Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados), dice indignada que aquellos uniformados “que se han estado pudriendo en la selva durante años, también son mártires del conflicto armado”.
El mayor (r) Carlos Ospina, por su parte, se remite a los convenios internacionales para demostrar los excesos que han cometido las Farc contra las Fuerzas Armadas. El miembro de Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) recuerda que el Protocolo II de Ginebra dice que los militares y policías son considerados víctimas del conflicto cuando se viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Y eso hacen ellos cuando utilizan armas no convencionales, cuando no respetan la vida de los soldados, cuando no les prestan los servicios médicos. Nosotros hemos sufrido secuestros, desapariciones, torturas”.
El oficial retirado advierte que, según las cifras de Acore, las Farc han secuestrado y desaparecido a 229 militares, de los cuales no se ha tenido ninguna noticia. Por eso -dice Ospina- ellos también deben tener una representación en La Habana, para que la guerrilla les responda. “Si son 60 los voceros de las víctimas que viajarán a Cuba, deberían ir 30 por parte de las Fuerzas Armadas”.
¿Y los guerrilleros? Para muchos colombianos es impensable que esos hombres y mujeres que se alzaron en armas adquieran estatus de víctimas.
El analista en seguridad John Marulanda, por ejemplo, cree que reconocer a los subversivos como tal sería desconocer la institucionalidad del Estado. “Las Farc no pueden igualarse a las Fuerzas Militares porque ellos no cumplen ningún precepto del DIH. No son un ejército ni mucho menos, son un cartel del narcotráfico que combate de forma irregular”.
Por eso le parece absurdo que las Farc pretendan que los guerrilleros presos sean considerados víctimas. “Ellos están pagando por delitos que cometieron, algo muy diferente a estar secuestrado en la selva”.
Pero el debate no termina. Hay quienes señalan que, a pesar de su ilegalidad, las Farc también tienen derechos, según las reglas de la guerra.
León Valencia, experto en conflicto armado y excombatiente del ELN, resuelve esta discusión con una frase: “la condición de víctima la da la indefensión y no la inocencia”.
Eso significa que si un militar o policía es vencido, se ha quedado sin armas, y, aún así, es golpeado, torturado, asesinado, es víctima según el DIH. Pero si ese uniformado murió en combate, adquiere la condición de combatiente y no de víctima.
Lo mismo ocurre -añade Valencia- con los guerrilleros. “Si muere abatido no es víctima, pero si es capturado, está indefenso y, aún así, es asesinado extrajudicialmente, sí es una víctima”.
Todo esto, claro, es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario; pero, ¿qué dice el sentido común?
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Doña Noralba lleva diez años, 120 meses, 480 semanas, 3.360 días, 80.640 horas, en una espera insoportable. En este tiempo millones de madres han visto a sus hijos graduados, enamorados, casados, divorciados, felices, tristes, enojados... Noralba, en cambio, solo ha hecho eso, esperar. Una noticia en la televisión, una llamada, una carta. Cualquier pista que le ayude a entender qué pasó con su muchacho, secuestrado por el Frente 48 de las Farc en Teteyé (Putumayo), cuando tenía solo 20 años.
Su hijo estaba prestando el servicio militar. Él nunca quiso ser soldado, ¿pero acaso podía elegir? No tenía la plata para pagar la libreta y sin ese papel no lo recibían en ningún trabajo. El chico, entonces, convenció a su mamá de que solo serían unos meses en la selva y luego regresaría.
Noralba rompe en llanto al recordar esa promesa. Dice que si hubiera sospechado siquiera que algo malo le ocurriría, se le habría prendido de los pies, se habría parado en la puerta de la casa como una roca, lo habría amarrado con correas a la cama, con tal de no dejarlo ir. La mujer de 65 años está sentada en un muro del Centro de Eventos Valle del Pacífico (en Cali), donde se realiza el foro de víctimas. Hoy, lunes 5 de agosto, viste una camiseta blanca marcada con ese nombre que lleva como una cicatriz: Víctima de las Farc.
Noralba llegó a este lugar para enviarle una carta a la guerrilla. En ella les pregunta si es cierto el rumor de que su hijo fue fusilado cuando intentó escaparse. “Que me digan si esta muerto, pa’ ir a buscarlo en esas fosas que ellos tienen, o si lo echaron al río. Y si está vivo, cojo selva adentro y me voy a encontrarlo, así tenga que dar mi vida”.
Noralba cree que si se firma la paz, la guerrilla le contará la verdad. Es que ella no sabe que hoy, mientras escribía esa carta, los jefes guerrilleros de La Habana redactaban otra diciendo que los militares y policías no pueden ser considerados víctimas, ni mucho menos héroes. Tampoco conoce eso que llaman DIH. Es que el dolor no entiende de estatutos ni de reglas; solo sabe de recuerdos, de palabras por decir, de abrazos pendientes.
Cómo decirle, entonces, que ella, por ser la madre de un militar, no sería una víctima de esta guerra.
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Para el general (r) Luis Mendieta no hay discusión: “pasar doce años amarrado con candados y cadenas lo convierte a uno en víctima”. Punto.
El oficial de la Policía, secuestrado por las Farc en 1998 y liberado en el 2010, explica que los miembros de la Fuerza Pública retenidos por la guerrilla pasaron a ser rehenes cuando empezaron a utilizarlos como escudo humano, cuando les violaron sus derechos, cuando, estando en la selva, desarmados, sometidos, dejaron de ser combatientes.
El intendente (r) John Frank Pinchao -que, luego de fugarse de las Farc, realizó estudios de resolución de conflictos en Francia- lo explica con argumentos de abogado: “Se debe poner ante todo el hecho victimizante y no el carácter de la víctima”. Es decir, si se trata de desapariciones forzadas, ataques con armas prohibidas (como minas), torturas, ejecuciones extrajudiciales, los militares y policías, así no sean civiles, son víctimas de estos actos violentos.
Pero eso significa que esta norma también se aplicaría a guerrilleros que no sean tratados con dignidad.
Alan Jara prefiere no entrar en debates relacionados al DIH. Él solo habla desde su experiencia, por lo que vio y sintió durante ocho años en manos de las Farc. Recuerda que los militares y policías con los que compartió cautiverio vivían en las mismas condiciones que él: en jaulas alambradas, encadenados, maltratados. Entonces, “si yo soy víctima, ellos también lo son”.
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