¿De dónde vienen las balas que matan a excombatientes?

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Se llamaban Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla. El primero tenía 25 años; el segundo, 61. Ambos le apostaron a dejar las armas que empuñaron en las Farc y a la reincorporación a la vida civil. Pérez se valió de una cámara de video y Esterilla al don de la palabra para lograrlo. Fueron asesinados en el suroccidente del país el mismo día.

Esterilla fue el fundador del frente 29 de las Farc que tenía injerencia en Nariño, pero se inició como miliciano del octavo frente. Su proceso de reincorporación comenzó en la zona vereda El Madrigal, ubicada en un sector conocido como Alto de la paloma, y actualmente estaba en ETCR Aldemar Galán.

A Anderson, por su parte, lo recuerdan por su carisma y entrega tanto en el periodismo como en los temas de derechos humanos. En el 2017 participó en una escuela de comunicadores para la paz en La Elvira (Cauca), cuenta Manuel Bolívar, el director de NC Noticia, el informativo en el que Anderson laboraba.

“Él hizo parte de una película no solo como camarógrafo y guionista. También fue protagonista de una historia que narraron en Historias de guerra, cuyo argumento era contar las vivencias de los guerrilleros en las montañas”, describe Bolívar quien precisó que Anderson encarnó a un agente del Ejército que se infiltraba en la guerrilla.

Preocupación

Los dos crímenes más recientes en contra de excombatientes de las Farc encendieron, de nuevo, las alarmas al punto de que el presidente, Iván Duque, anunció desde Ginebra (Suiza), que para garantizar la protección de los excombatientes se conformará una mesa de coordinación en la que tendrán asiento el Gobierno, la Fiscalía y los organismos de control.

El mandatario aseguró: “le he pedido a la Fuerza Pública que tenemos que encontrar a los culpables de estos asesinatos (…) no queremos que se sigan presentando estos hechos”.

Sin embargo, la propuesta se queda corta, a consideración de Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien dice que los excombatientes han manifestado su inseguridad física ya que consideran que los ataques no han sido aislados, sino que obedecen a una situación sistemática.

“Por eso no debe existir una mesa, sino un proceso interagencial y que cuente con un equipo más técnico en el que se fortalezca la inteligencia para indagar qué es lo que hay detrás. La iniciativa se queda corta frente a la necesidad”, argumenta el especialista.

En la Fiscalía, no obstante, aseguran que se trabajan para el esclarecimiento, no solo de los casos que se presentaron esta semana, sino los que se han registrado desde el comienzo del 2017.

Las cifras del búnker indican que la tasa de esclarecimiento de crímenes cometidos contra excombatientes y sus familiares (homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada) es del 51,78%, es decir, 87 de 168 víctimas certificadas por la oficina del Comisionado de Paz. De estos, 12 casos se encuentran en ejecución de penas, 19 en juicio, 33 en investigación (con imputación de cargos), 20 en indagación con orden de captura, 2 precluídos por muerte del indiciado y uno (1) archivado por conducta atípica”.

¿Dónde los están matando?

Minutos después de participar en una reunión en la que se habló de los proyectos productivos, Daniel salió rumbo a su casa cuando dos sicarios le dispararon por la espalda. Estaba en El Charco (Nariño). Ánderson estaba en un festejo en un centro recreacional en el corregimiento de El Palo, zona rural de Caloto (Cauca).

Que los homicidios se hayan presentado en estos departamentos confirma el análisis que hizo la Fundación Paz y Reconciliación en el que advierten que en Nariño se han reportado 25 crímenes mientras que en Cauca son 23.

En el diagnóstico que elaboraron sobre esta nueva ola de violencia se precisa que entre el 24 de noviembre del 2016 y este 20 de junio han asesinado a 102 personas que adelantaban labores de reincorporación a la vida civil en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medioambiente, la implementación del Acuerdo Final, entre otras. Hasta el momento han asesinado a 26 de sus familiares”.

El documento plantea tres teorías relacionadas con los móviles detrás de los asesinatos: Saboteadores de paz, ajustes de cuentas y reconfiguración territorial.

La primera relacionada con la posibilidad de que agentes legales o ilegales en desacuerdo con la implementación de los Acuerdos o que refutan el proyecto político de las Farc.

Sobre las vendettas asegura que pueden derivarse de los asuntos pendientes que quedaron entre la guerrillera con facciones de otros grupos criminales como el Clan del Golfo en el Bajo Atrato o con el Eln en Cauca y Nariño. Plantea también se relacionarían con venganzas por los abusos y agresiones que en su momento cometieron los integrantes de las Farc.

La Fundación Pares explica que por cuenta de la reconfiguración territorial múltiples estructuras armadas pretenden vincular a los exguerrilleros para fortalecer sus actividades criminales debido a la trayectoria de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, Sin embargo, ante la negativa de los excombatientes toman retaliaciones que terminan con sus vidas y hasta con la de sus familiares.

Según León Valencia, director ejecutivo de la Fundación, el discurso tanto del Gobierno como del Centro Democrático, no contribuye a parar estos crímenes, sino a todo lo contrario, pues, en su opinión, es “incendiario”.

Otros dos casos en junio

A los nombres de Anderson y Daniel se suman los de Carlos Miranda y Alexánder Saya Palacios, perpetrados el 9 y el 13 de junio, respectivamente. En el caso de Miranda los hechos son confusos al punto que una misión de verificación de derechos humanos de la ONU estuvo en la zona para contrastar las versiones de lo sucedido.

Aunque el asesinato ocurrió el 9, solo hasta esta semana se conoció el hecho gracias a la denuncia de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero en la que acusaba al Ejército por el crimen.

El Ejército dijo que el hecho obedeció a un enfrentamiento en el momento del desarrollo de una operación militar que tenía como objetivo neutralizar a alias Boyaco y alias el Mono, exguerrilleros que no se acogieron al proceso de paz.

El homicidio de Saya ocurrió en el sector Alto Mira, una vereda de Puerto Rico ubicada en Tumaco.