
BOGOTÁ - En un hecho con pocos precedentes, las Farc reconocieron la autoría del atentado perpetrado en Pradera (Valle), afirmando públicamente que la orden no vino del mando central y que aplicarían medidas disciplinarias a los autores del mismo.
De acuerdo con el comunicado, las Farc afirmaron que "repudian y condenan el atentado", y que luego de investigar internamente por varios días, encontraron que unidades que componen el 'Bloque Móvil Arturo Ruiz', fueron responsables del hecho y anunciaron "la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios".
Asegurando que los responsables de estos hechos "jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil" también afirman que "esto no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella que pueden ocasionarse con ese tipo de acciones".
De acuerdo con el comunicado, "independiente del manejo propagandístico acerca de las verdaderas dimensiones de la acción", que para las Farc "siempre son agigantadas y manipuladas con el propósito de presentarnos como una organización terrorista que apunta sus armas contra el pueblo", proclamaron que "así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza".
El único precedente conocido del caso se presentó en 1999 cuando, al inicio de los diálogos de paz en el Gobierno y las Farc en San Vicente del Caguán, esta guerrilla secuestró a los indigenistas norteamericanos Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Larry Gay Lahenae, acusándolos de ser espías de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos -CIA.
Pocos días después, los cadáveres de los norteamericanos fueron encontrados en la región de Apure en Venezuela, muy cerca de los límites con el departamento de Arauca en Colombia.
Luego de esto, el gobierno norteamericano retiró su apoyo al proceso de paz y exigió la captura y extradición de los responsables del asesinato. Con el tiempo se determinó que los responsables del secuestro y asesinato fueron ajusticiados.
Tras conocer la petición de los Estados Unidos, las Farc afirmaron que la responsabilidad del hecho recae sobre el Frente 10 de esta guerrilla, dirigido por un insurgente conocido como 'Comandante Gildardo', reconociendo que "actuó sin consultar con sus superiores". Respondiendo que no lo entregarían a la justicia norteamericana, afirmaron que el guerrillero sería ajusticiado según el reglamento interno de Las Farc.
Poco después, las autoridades colombianas capturaron a Nelson Vargas Rueda, acusándolo de ser un guerrillero conocido con el alias de 'el Marrano', responsable del asesinato de los tres norteamericanos. Pocos meses después se demostró que el capturado no era quien decían que era y que, de hecho se trataba de un humilde campesino que vivía del comercio de plátano, por lo que fue regresado a Colombia y puesto en libertad.
Los castigos que se implementan al interior de las Farc varían según la gravedad de la infracción a sus leyes. A cada acusado se le juzga en lo que ellos llaman un 'Juicio Revolucionario' donde se determina el nivel de culpa y gravedad de las acciones del insurgente juzgado.
Según un documento interceptado por el Ejército en 2010, las penas varías desde los trabajos forzado y retiro definitivo del frente de combate, hasta el fusilamiento.
Cuando se trata de una infracción muy grave, se convoca el 'Consejo Revolucionario de Guerra' que, según lo reveló este documento, la mayoría de las veces aplica la pena de muerte por fusilamiento.
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