Los militares pertenecían a la fuerza de tarea conjunta del departamento de Sucre.
La Fiscalía General explicó en un comunicado que los soldados informaron entonces de la muerte en un combate de tres extorsionistas que llevaban dos armas de fuego y un lanzagranadas artesanal.
Sin embargo, el fiscal de derechos humanos que siguió la investigación estableció que los tres muertos eran civiles, protegidos por el derecho internacional humanitario.
Los hombres habían sido reclutados bajo engaño para "un supuesto trabajo en una finca algodonera de la región", según concluyó el investigador, que estableció que dos se dedicaban al transporte de pasajeros en bicicletas en el municipio de Tolú (Sucre) y el otro era ayudante de construcción en Sincelejo.
La Fiscalía añadió que el investigador también "descartó que la muerte de esas personas se hubiera producido durante choque armado".
Los cuatro fueron condenados por "homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, peculado por apropiación, fraude procesal y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público".
La decisión la adoptó un juez penal del circuito especializado de Sincelejo, que les impuso a cada uno de ellos la pena de 31 años y cuatro meses de prisión.
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