Críticas por modificar Ley de Garantías

LA PATRIA | MANIZALES

La Misión de Observación Electoral (MOE) y la organización no gubernamental Transparencia por Colombia criticaron la modificación que el Congreso de la República hizo al inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), que prohibía celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos entre los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Para la MOE, eliminar esta restricción abre la posibilidad a riesgos de corrupción administrativa, pues se podrían destinar recursos públicos con fines proselitistas en las elecciones. Cabe resaltar, que los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación que implica mayor discrecionalidad en la destinación de los recursos y menos controles de las autoridades.

“Considerando que el clientelismo y la corrupción son de los principales problemas de las elecciones en Colombia, resulta totalmente inconveniente y peligroso para la democracia que se modifiquen las reglas de transparencia, pues los recursos pueden ser empleados para favorecer campañas”, manifestó Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.

La justificación dada por el Gobierno nacional y los congresistas para realizar esta modificación es la necesidad de reactivar la economía del país que se ha visto afectada por la pandemia. Sin embargo, la Ley de Garantías es una ley estatutaria, debido a que trata temas de transparencia y equilibrio electoral. Por ello, independientemente de que estas no pueden ser modificadas por una ley ordinaria, cualquier cambio a las mismas debe pasar por una revisión de la Corte Constitucional. “Es indispensable que la modificación sea analizada por el alto tribunal previo a su vigencia, pues es necesario generar un control ante una medida como la adoptada, y a su vez garantizar que la actuación de los distintos poderes se dé en el marco de la Constitución”, solicitó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

Transparencia por Colombia calificó de irresponsable la decisión aprobada por Senado y Cámara, según esa organización, se incrementan los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales.