EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El asesinato de Juana Perea Plata, activista colombo-española que se opuso a la construcción del puerto de Tribugá, en el Pacífico, produce una ola de rechazo en el país donde cerca de un centenar de líderes sociales han caído este año víctimas de la violencia.
El cuerpo de Perea, con un disparo en la cabeza, fue encontrado el jueves en la zona de playa de Nuquí (Chocó) definido en las guías de turismo como un paraíso natural, especialmente para la observación de ballenas.
En Termales, un caserío situado a media hora en lancha del perímetro urbano de Nuquí, Juana Perea, de 50 años, había comprado junto con su esposo, un estadounidense que trabaja en Afganistán, diez hectáreas de tierra para construir un hotel ecoturístico y acabó liderando iniciativas comunitarias para las mujeres de la zona.
"Creemos que todo (el asesinato) fue porque mi hermana era, por decirlo de alguna manera, una líder comunitaria que trabajaba por las mujeres de allá. Ella nunca se dijo a sí misma líder, pero lo era; era una mujer que se imponía y por donde pasaba dejaba una estela", dijo su hermano Iñaki Perea Plata.
Esa sensibilidad social también fue destacada por su prima Ana María Restrepo Perea, quien recuerda que hace sólo 15 días le advirtió a Juana que tuviera cuidado pues la zona de Nuquí es disputada por bandas de narcotraficantes y paramilitares por su localización estratégica para sacar drogas por el Pacífico hacia Centro y Norteamérica.
"Ojalá su vida ayude para cambiar un poquito la realidad de tanta gente en tantas zonas donde sólo hay paracos (paramilitares), donde solo hay miedo, donde solo hay coca y esclavos, porque a la gente la tienen como esclava", dijo Restrepo.
Defensa de la naturaleza
La familia, de origen vasco, recuerda que además de trabajar en su proyecto ecoturístico, Juana enseñaba a las mujeres de Nuquí a coser para que tuvieran algún medio de subsistencia, y con la llegada de la pandemia había impulsado la confección de tapabocas para reducir el impacto de la covid-19 en la región donde hay comunidades para las que ese elemento de protección es un lujo.
Además, era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el golfo de Tribugá, unos cinco kilómetros al norte de Nuquí, por el daño que la obra causaría a los ecosistemas marítimos y terrestres de la zona que cuenta con una biodiversidad única en el mundo.
El pasado 1 de octubre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la cancelación del proyecto, de una sociedad privada, luego de cuatro años de análisis y debate sobre esa obra, duramente criticada por organizaciones y líderes ambientalistas del país.
"Ella empezó a tratar de cambiar la situación y a oponerse a la construcción del puerto de Tribugá y lograron finamente pararlo, pero ella no se podía quedar callada, como buena vasca, y la asesinaron", afirma la prima.
La situación de violencia en Nuquí es tan grave que nadie de la familia pudo desplazarse hasta esa localidad del Chocó para recibir directamente de las autoridades locales una explicación de lo sucedido y trasladar el cuerpo de Juana Perea a Bogotá.
La familia recibió una llamada del párroco del pueblo y del alcalde, quienes les contaron que el cadáver había sido lavado, le habían cambiado la ropa y lo habían trasladado a la iglesia cubierto sólo con una sábana blanca, lo que los parientes consideran una violación de la cadena de custodia que puede alterar el curso de la investigación.
Espiral de violencia
Según el último informe ante el Consejo de Seguridad del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellas cinco mujeres, han sido asesinados este año en el país.
La organización Somos Defensores calcula, sin embargo, que tan sólo en el primer semestre fueron cerca de un centenar, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) eleva la cifra a 246, sin incluir a Perea.
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