Credibilidad de las altas cortes, de capa caída

Alejandra Bonilla

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Podría decirse que el clamor popular resulta quedándose en un registro de críticas, pues no siempre -o casi nunca- es escuchado por las entidades u organismos que trabajan para la ciudadanía. Así, el presidente Juan Manuel Santos, diciéndose tramitador, posesionó a Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional a pesar de serias dudas sobre su actuación como litigante. El hecho dejó en la opinión pública un sinsabor que el jurista deberá remediar con una actuación adecuada en la corporación, encargada de vigilar la Carta Política.

Una vez más, por cuenta de ofrecer silencio cuando la ciudadanía pedía explicaciones, la credibilidad de las altas cortes, y de paso de la justicia colombiana, quedó en entredicho. Justo allí, donde no debería haber sombra alguna, en corporaciones que no precisamente son el Congreso, deslegitimado por graves actos de corrupción y criminalidad.

La encuesta más reciente de Colombia Opina, realizada para varios medios de comunicación, reveló que la desconfianza en la justicia es del 71 % y, específicamente de las cortes, es del 65 %. La cifra alarma aún más si se tiene en cuenta que la Rama Judicial quedó segunda, después de un 75 % de desconfianza en el Congreso.

Los análisis

Para el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz el mayor problema radica en la forma como eligen a los magistrados, pues implica en algunos casos que juristas impolutos deban hacer fila y cabildeo para que otro conozca su hoja de vida. “Me parece vergonzoso que un jurista, un académico respetable desde el punto de vista intelectual, tenga que hacer fila para ir a contarle a un magistrado quién es. Bastaría con que examinaran las hojas de vida. Tengo amigos de excelentes calidades humanas, morales, intelectuales, que han prescindido de candidatizarse a las altas cortes para no tener que hacer fila ante un magistrado del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, para luego ir con los senadores”, apuntó.

¿Qué juristas habremos perdido los colombianos en dichas corporaciones? ¿Implica todo hecho de lobby un actuación irregular? No. sin embargo, ante tan creciente preocupación por quienes toman las decisiones de fondo, se podría plantear la opción de modificar todo el sistema de elección actual.

El también expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández calificó de desastroso que los magistrados no sean designados “con base en hoja de vida y trayectoria, sino por recomendaciones políticas y lobby”.

Gaviria recuerda que antes a un jurista muy distinguido se le ofrecía y hasta le rogaban que aceptara un cargo en la Corte Suprema o en el Consejo de Estado. Agrega: “en este momento todo el mundo se ofrece, desde allí me parece que se empieza percibir una rebaja significativa en la dignidad de las personas de las altas cortes”.

Posibilidades

Ahora bien, cabe la duda de cómo podrían hacerse las elecciones. Por ejemplo, la Corporación de Jueces y Magistrados ha propuesta en más de una oportunidad que debería ser por concurso, con funcionarios de carrera, tal y como sucede actualmente hasta los magistrados de tribunal.

Pero para eso, dice su vocera, María del Pilar Arango, habría que reformar la Constitución. En contraparte, Gaviria estima que en la cúpula de la justicia colombiana no debería haber necesariamente funcionarios de carrera. En su criterio, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene una responsabilidad de orden política que no es la que ha ejercido un funcionario de carrera. “Se trata no únicamente de ejercer con mucha dignidad la función judicial, sino que se sabe que de cada fallo se siguen consecuencias políticas y, por tanto, esas corporaciones tienen una función política en el mejor sentido de la palabra, y personas que no hayan hecho la carrera judicial pueden estar preparadas para ejercer esos cargos”, apuntó. Hoy la situación es distinta.

Pensiones y veeduría

La situación es conocida: personas que se designaban como magistrados auxiliares por unos meses para pensionarse con cifras cercanas a los $ 20 millones, cuando en su sueldo anterior devengaban una cifra muchísimo menor y, por tanto, cotizaban distinto.

El Carrusel de pensiones tiene a 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura investigados por la Contraloría, y ha originado 403 indagaciones preliminares contra magistrados.

El tema es de tal tamaño, que incluso fue tenido en cuenta en la discusión que celebró la sala de la Corte Cosntitucional de cuatro magistrados titulares y tres conjueces que finalmente tumbó las pensiones millonarias a congresistas y magistrados, fijó un tope de 25 salarios mínimos y ordenó ajustar las actuales a ese monto desde 1994.

Incluso, magistrados actuales consultados por Colprensa que están en desacuerdo con la decisión, rescataron del fallo la orden de revisar las pensiones que hayan sido obtenidas de manera irregular para reliquidarlas, o bien revocarlas, y fijar para esto un plazo que vence el 31 de diciembre de 2013.

Tal vez un hecho positivos de semejante escándalo fue el creciente interés que generó en la opinión pública, tal y como sucedió con el magistrado Rojas. Voces que alertan, que están pendientes, que reclaman y exigen punto final a tales desproporciones.

Si bien, como dice Hernández, parece que es poco lo que se tiene en cuenta esta opinión, para el exmagistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto es un factor de cambio que ahora se den más manifestaciones frente a la Corte que frente al Congreso.

Esto, dice, se debería a la calidad o a la importancia de las decisiones que se toman que, en varios casos, incluyen decisiones económicas o suplen acciones que deberían tomar las administraciones. Hecho por el que además es que habría aumentado la fiscalización de la ciudadanía.

“Es la expresión de la importancia de la Corte en nuestro país, porque toca temas álgidos. La importancia de la Rama se expresa en que hay más manifestaciones frente al Palacio de Justicia que frente al Congreso. Cuando un órgano trabaja mucho y toma decisiones importantes, se van generando mayor cantidad de controles y de críticas”, aseguró. Según Sierra Porto, esa sería la razón por lo que a magistrados se les están exigiendo las calidades y comportamientos que antes se exigían más a congresistas, por ejemplo.

No obstante, para María del Pilar Arango también hay un factor de culpa en la cabeza de las altas cortes cuando, por ejemplo, en la fracasada Reforma a la Justicia se ampliaba el periodo de los actuales magistrados de ocho a doce años sin que se presentaran mayores negativas.

Faltaría entonces un sistema de autocontrol de la Rama para evitar actuaciones que dan al traste con su credibilidad. Por ahora, apenas se están desarrollando una serie de foros entre jueces para hacer una reflexión interna de cómo podría hacerse una modificación que no implique una reforma constitucional. Para julio se conocerían las conclusiones.

Sistema de elecciones

*A los magistrados del Consejo de Estado los elege la Sala Plena de la misma corporación (sistema de cooptación), de listas -con un número superior a cinco candidatos- elaboradas y enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

*A los de la Corte Suprema de Justicia los elege la Sala Plena de la misma corporación (sistema de cooptación), de listas -con un número superior a cinco candidatos- elaboradas y enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

*A los magistrados de la Corte Constitucional los elige el Senado de sendas ternas que le presentan el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.