Corte traslada más casos de Uribe a la Fiscalía

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez tras renunciar a su curul en el Senado evitó que la Corte Suprema de Justicia lo siguiera investigando por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Al quedar sin fuero de congresista sus actuaciones pasaron a ser competencia de la Justicia ordinaria, por esa razón el alto tribunal remitió ayer a la Fiscalía la indagación previa contra el exmandatario por sus presuntos vínculos con tres masacres perpetradas en Antioquia y por el homicidio de un defensor de derechos humanos.

Masacre de El Aro

Perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en en ese caserío del municipio de Ituango (Antioquia). Uribe ha sido vinculado a esa masacre por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de ese departamento (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos.

El proceso contra el expresidente indaga de manera preliminar su supuesta implicación en la masacre debido a que testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza.

La masacre de El Aro, al igual que otras a las que Uribe ha sido vinculado, como la de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 y que dejó cinco muertos, fue declarada crimen de lesa humanidad por lo que no tiene prescripción.

Matanza en San Roque

El proceso que involucra a Uribe indaga también la presunta conformación, promoción o financiación a mediados de los años noventa de una organización armada al margen de la ley que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia del expresidente para esa época.

Según el expediente, el grupo armado habría cometido ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas las masacres del 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.

Homicidio de defensor

La Corte también remitió a la Fiscalía la indagación por el asesinato de Jesús María Valle, abogado defensor de derechos humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado colombiano y que presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido amenazas de muerte.

El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín por sicarios de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y el Aro, perpetradas por los mismos paramilitares.

A principios de febrero de 2018, un tribunal de Medellín pidió que se investigara al expresidente Uribe por su relación con el homicidio de Valle, ya que la reunión para concertar su asesinato supuestamente tuvo lugar en una finca de la familia del expresidente, según el tribunal.