Corte Suprema de Justicia ordena medida de aseguramiento domiciliaria contra Álvaro Uribe

EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe en Twitter, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

El caso que priva de la libertad al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte hoy en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.

El proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

La Corte Suprema escuchó en octubre del año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con base en las cuales decidió este martes ordenar su detención domiciliaria.

El partido Centro Democrático, fundado por Uribe y que está en el poder, expresó ayer su "grave preocupación" por versiones que circulaban sobre un posible fallo contrario a su líder.

Uribe responde al proceso penal en la Corte Suprema porque por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a los expresidentes.