Entre los argumentos de la Corte están las cifras que afirman que el 12 por ciento de deserción escolar se produce, al parecer, por conflictos y violencia entre niños por lo que preocupan el aumento de esos casos y las pocas o inexistentes acciones para frenarlo.
La Corte ordenó al Ministerio de Educación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que implemente esas políticas en los manuales de convivencia de todas las instituciones del país.
Se conoció que la Procuraduría General sugirió a la Corte ordenar una política de coordinación entre los colegios y fiscales de adolescencia para enfrentar conductas criminales de los jóvenes.
Esto por cuanto según estudios en poder de la Corte Constitucional el 88,7 por ciento de los niños afirman haber presenciado agresiones, 19 por ciento reconocen ser agresores y el 40 por ciento dicen ser víctimas del matoneo.
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