Corte estudiará 'segundos ocupantes' en restitución de tierras

COLPRENSA | LA PATRIA 

La Corte Constitucional estudiará este miércoles una demanda que presentó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en contra de algunos apartes que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tienen que ver con el álgido y polémico debate sobre los segundos ocupantes. 

La ley dispuso que los jueces de Restitución pueden compensar a los denominados segundos ocupantes de un predio que lograron probar la buena fe exenta de culpa, es decir que estaban allí por otras condiciones, incluso siendo a su vez víctimas del conflicto, y no por ser victimarios. 

De acuerdo con la demanda, entre los opositores hay grupos de personas muy diversos, que no necesariamente son victimarios ni tuvieron que ver con los hechos que originaron un despojo, o que están en condición de vulnerabilidad que les impidió demostrar que actuaron de buena fe. 

“La demostración de la buena fe exenta de culpa se constituía en una carga probatoria muy exigente para aquellos opositores en la situación antes descrita, es decir frente a aquellos que no cuentan con los medios para acceder a otra vivienda o tierras o cuya subsistencia depende del predio a restituir o aquellos que son sujetos de especial protección constitucional”, dice la demanda. 

“En la práctica lo que ocurre es que este grupo de opositores al no demostrar la buena fe exenta de culpa y a pesar de no haber participado de los hechos que dieron lugar al despojo o abandono forzado, no logran acceder al único mecanismo establecido en la ley para proteger sus derechos”, agrega la demanda. 

De acuerdo con la ANUC, si la Corte no tumba la exigencia de la demostración de la buena fe “exenta de culpa”, entonces debe señalar que los opositores que no hayan tenido relación con los hechos que provocaron el despojo o el abandono forzado del predio que está en debate y que se hayan asentado en él antes que haya iniciado el proceso de restitución, puedan tener medidas de atención adecuadas debido a la situación de desfavorabilidad en la que están. 

En este proceso ya la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto asegurando que cuando los segundos ocupantes estén en condición de vulnerabilidad, sus circunstancias deben poder ser evaluadas por las autoridades competentes. 

Para la entidad, no obstante, los requisitos que estableció la Ley para exigir la prueba de la buena fe exenta de culpa son legítimos para evitar que en un proceso de restitución de tierras se termine compensando a los despojadores o a los testaferros. 

Este caso está en manos de la magistrada María Victoria Calle y tiene términos para ser resuelto hasta el próximo 23 de junio.