Horas después que el contralor delegado para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, Javier Lastra, asegurara que hay varias investigaciones por presuntas jubilaciones ilegales, la jefe del ente de control, Sandra Morelli, negó que exista un llamado carrusel de pensiones en las altas cortes y la Procuraduría.
De acuerdo a la Contralora General de la República “él (Lastra) afirmó que hay denuncias y que se vienen investigando como es deber de la entidad”.
Morelli sí reconoció que en los casos de los magistrados Myrian Guerrero, William Giraldo y Olga Ovalle se verificó que “el cálculo actuarial es suficiente para el pago de las pensiones que se han causado y se vienen causando”.
Y precisó que: “Ellos permanecerán o permanecieron en el cargo hasta la edad de retiro forzoso sin que hayan sido reemplazados de manera abrupta al corto lapso del nombramiento”.
Respecto a los casos de los magistrados Giraldo y Ovalle, la contralora declaró que provenían de “Tribunales Contenciosos Administrativos y de la idoneidad para ocupar el cargo el cargo y, adicionalmente, no hay diferencia abrupta entre lo que allí percibían y la remuneración percibida en el ultimo año del servicio”.
Lastra sostuvo ante los medios el lunes que en total son 17 los procesos preliminares a funcionarios del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
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