COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República en el sector salud alcanzan los $1,59 billones en todo el país. Así lo dio a conocer ayer la contralora Sandra Morelli, quien puntualizó que se trata de procesos abiertos a municipios, hospitales, direcciones territoriales de salud municipal y departamental y entidades como el Instituto de Seguros Sociales.
De acuerdo con ella, estas investigaciones evidencian un panorama de irregularidades en contratación, sobrecostos, manejo de inventarios, vencimiento y pérdida de medicamentos, pérdida de recursos financieros, doble pago de pensiones, multiafiliaciones y cobro de facturas adulteradas, entre otros.
Destacó entre los procesos el que adelanta en Caldas por un presunto detrimento patrimonial de $9 mil 231 millones en el contrato de concesión para la explotación del chance suscrito entre la Empresa Departamental para la Salud y Susuerte. Se trata del contrato firmado para el periodo 2007-2011, al que en 2008, bajo la administración del entonces gobernador Mario Aristizábal, le suscribieron un otrosí que significaba la reducción de las transferencias de Susuerte al sector salud, más concretamente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Por ese hecho la Procuraduría, además, sancionó en primera instancia a Aristizábal con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, pues el ente de control disciplinario determinó que el cambio se dio para beneficiar a la empresa del chance, que a su vez le pagó deudas personales. El hecho lo denunciaron en su momento la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA.
La contralora Morelli también puso como ejemplo el proceso que adelanta en Villamaría, donde al parecer cancelaron mayores valores a las EPS Cafesalud y Caprecom porque las bases de datos de afiliados al régimen subsidiado de salud presentan duplicidades e inconsistencias. La cuantía del presunto detrimento es de mil 54 millones de pesos.
Otros casos
En la ARS Caprecom investigan la desviación de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se trata de presuntas irregularidades en cooperativas de trabajo asociado e inconsistencias en gastos de los servicios de salud financiados con estos recursos. “La cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial supera la cifra de un billón de pesos”, señaló la Contraloría.
También hay un posible detrimento por $30 mil 120 millones en Guaitarilla (Nariño), ocasionado por la presunta omisión en el cruce de datos de multiafiliaciones al régimen subsidiado.
En Santa Rosa de Lima, Bolívar, la Contraloría encontró un presunto daño patrimonial por 1.057 millones de que se habría ocasionado por el doble registro de afiliación de 4.486 personas en las bases de datos en las EPS Mutual Ser, Caprecom, Emdisalud, Ambuq y Comparta.
A la Corporación Autónoma Regional del Valle se le investiga por un presunto detrimento de 10 mil 862 millones por la contratación de un plan complementario de salud para todos los empleados de la entidad.
La entidad imputó responsabilidad fiscal por 1.473 millones en el caso del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico) por el presunto incumplimiento de contratos y pagos de los mismos como si estos se hubieran ejecutado normalmente.
En el caso del Instituto Departamental de Salud de Caquetá, se lleva un proceso de responsabilidad fiscal por mil 179 millones, por irregularidades en la ejecución de seis contratos de prestación de servicios.
En Caldas está vigente el contrato de concesión del chance del periodos 2012-2016, adjudicado el año pasado a Susuerte por $35 mil 99 millones.
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