COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Contraloría General de la República realizó un balance de los actos que ha adelantado en el último año en el Eje Cafetero, en donde profirió fallos con responsabilidad fiscal por 2162 millones de pesos en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.
En el caso de Risaralda, se emitieron siete fallos fiscales por 887 millones de pesos, en el Quindío dos procesos por 687 millones y en Caldas ocho actos por 638 millones.
En Risaralda también se adelantan tres procesos fiscales por 4093 millones de pesos, en donde se estaría causando un daño patrimonial al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica por 2025 millones, la Universidad Tecnológica de Pereira –UTP con 1195 millones y Red Alma Mater por 873 millones.
En el Quindío, el ente de control investiga la compra innecesaria de bolsos y morrales con dineros del Sistema General de Participaciones, por parte del municipio de Armenia, y avanza un proceso de responsabilidad fiscal por la adquisición que hizo la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de bases para cama que no se necesitaban.
Para el caso de Caldas, la Contraloría avanza en una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo con la Aeronáutica Civil para la construcción de obras en el Aeropuerto del Café, por un monto de 90 mil millones de pesos.
Caldas
En esta región se evidenciaron hallazgos fiscales por más de 609 millones de pesos, en auditorias adelantadas en el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017.
Entre los casos más representativos se encuentra el del Programa de Alimentación Escolar con incidencia fiscal por 173,5 millones de pesos, Universidad de Caldas por 200 millones, Gensa S.A, 184,4 millones, Ejército Nacional por 28,9 millones, Aces Invias con 19,6 millones y Corpocaldas por 3 millones.
Asimismo, la Contraloría ha proferido, al 30 de septiembre de 2017, seis fallos con responsabilidad fiscal, por más de 242 millones y dos fallos en primera instancia por valor de 396 millones de pesos.
En este departamento el caso con mayor cuantía esta representado en las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo del año 2009 con la Aerocivil para la construcción de obras en el Aeropuerto del Café, con una responsabilidad fiscal por 90 mil millones de pesos.
Finalmente, otro de los casos se presenta en el municipio de La Dorada, en donde se emitió un fallo con responsabilidad fiscal por el proyecto de vivienda Urbanización La Primavera por 375 millones de pesos.
Risaralda
En este departamento, el ente de control evidenció 30 hallazgos fiscales por 2667 millones de pesos a través de diez auditorías, que permitieron adelantar 81 actos disciplinarios y dos de tipo penal. Además, con estos procesos se han logrado recuperar 466 millones.
Igualmente, el organismo de control ha proferido siete fallos con responsabilidad fiscal por un valor de 837 millones de pesos.
El proceso fiscal más representativo en este departamento, es el proyecto Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica – (CINDETEMM), ubicado en el municipio de Dosquebradas por 2025 millones de pesos, recursos que no fueron invertidos adecuadamente incumpliendo con la expectativa del proyecto.
Quindío
En el departamento se adelantan 33 procesos de responsabilidad fiscal por 4403 millones de pesos, entre agosto de 2016 y 2017.
En el mismo período, el ente de control profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por 687 millones de pesos y ha recuperado 1548 millones.
Los casos más representativos en este departamento son la compra de bolsos y morrales con recursos del Sistema General de Participaciones por valor de 35 millones de pesos que iban destinados a madres comunitarias, sustitutas y de familia, quienes ya se encuentran beneficiadas por los programas del ICBF.
Asimismo, en una auditoría al ICBF se encontraron presuntas irregularidades en el contrato de compraventa con la empresa Plásticos MQ S.A.S, para adquirir bases para cama las cuales no era una necesidad requerida para la institución.
Para la Contraloría estos procesos materializó una gestión ineficaz e ineficiente, al adquirirse elementos por más de 116 millones de pesos, que respondieron a las necesidades de la población beneficiaria en situación de amenaza o vulnerabilidad con y sin discapacidad.
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