Continuidad de Petro, en manos del Presidente y de la CIDH

Efe | LA PATRIA | Bogotá

La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya continuidad en el cargo depende ahora del presidente de la República y de las posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, organismo administrativo independiente que ejerce las funciones de Ministerio Público en el país, confirmó la sentencia del pasado 9 de diciembre que destituyó e inhabilitó a Petro por "tres faltas gravísimas" en la implementación de un nuevo modelo de recolección de basuras en la capital colombiana en diciembre de 2012.

Ayer, antes de confirmarse la sentencia, el procurador general, Alejandro Ordóñez, negó una recusación interpuesta el 31 de diciembre en su contra por Petro para que fuese otro funcionario el encargado de analizar la apelación presentada ese mismo día por el burgomaestre.

Nada más conocer la confirmación de la sentencia, Petro convocó a la ciudadanía a salir a la calle en una manifestación "masiva" y "permanente" para oponerse al fallo que considera un "golpe de Estado" de la derecha más radical, encarnada por Ordóñez, contra la "Bogotá Humana", el programa bandera de su administración.

"Desde Bogotá convocamos a todas las fuerzas democráticas del país, a toda la ciudadanía a movilizarnos contra el golpe de Estado", escribió en su cuenta de Twitter el alcalde, del movimiento Progresistas.

Horas después, unos centenares de simpatizantes de Petro se habían congregado en la céntrica Plaza de Bolívar para expresarle su respaldo, mientras el alcalde permanecía reunido en su despacho con su equipo de abogados estudiando nuevas alternativas para su defensa.

Horas más tarde señaló que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, “ha decidido finiquitar su tarea y ha cometido un delito: el delito del abuso del poder”.

En su discurso ante cientos de seguidores en la Plaza de Bolívar, Petro dijo que el golpe de estado del que ha venido hablando no es una mentira, “es una realidad”.

“El procurador está afanado, yo diría desesperado. Él sabe de la magnitud de la decisión que ha tomado. Se ha dirigido hoy a los colombianos, en las cadenas que precisamente no han querido transmitir estas manifestaciones y mi voz. A través de esas cadenas ha tratado de manipular a la opinión pública”, señaló Petro.

Tras la ratificación de la sentencia, la continuidad de Petro en la Alcaldía ha quedado en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que es quien, una vez reciba oficialmente el fallo, debe firmar su destitución.

Urge a la CIDH tomar medidas

Petro y sus abogados esperan que antes de que Santos ejecute la sanción, la CIDH adopte las medidas cautelares pedidas en su caso, que le permitirían continuar en el cargo al menos provisionalmente.

El abogado Rafael Barrios, que representa a Petro ante la CIDH, urgió a ese organismo a que tome las medidas cautelares pedidas porque si lo hace después de que Santos firme la destitución de Petro no servirán de nada.

"Si las medidas de la CIDH llegan después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero tardaría unos cuatro años que le devolvieran los derechos políticos a Petro", manifestó el letrado.

En unas declaraciones que dio a la prensa antes de que se confirmara la sentencia, el procurador Ordóñez dijo que las medidas cautelares "no son vinculantes" porque "el sistema interamericano es una justicia complementaria, no alternativa".

Petro, que fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, acaba de superar el ecuador de su mandato y si se hace efectiva su destitución, el presidente debe nombrar un alcalde encargado mientras se convocan unas elecciones para escoger a quien completará su periodo, según diversos juristas.

La Alianza Verde, que respalda a Petro, instó a Santos a que "salvaguarde el orden institucional y se abstenga de hacer efectiva esta destitución" hasta que la CIDH se pronuncie sobre las medidas cautelares.

En caso de que se concrete la destitución de Petro se cancelaría el referendo convocado para el próximo 2 de marzo en el que los bogotanos decidirán si revocan o no el mandato del alcalde, opinó el titular de la Registraduría Nacional, Carlos Ariel Sánchez.

Este referendo fue convocado por la autoridad electoral tras validar las firmas ciudadanas presentadas por opositores al alcalde, que los acusan de mala gestión administrativa.

Fuentes de la Procuraduría explicaron que desde ayer hay tres días hábiles para que se dé la notificación. En caso de que no suceda, la misma se daría por edicto y luego, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene un plazo de 10 días para ejecutoriar la determinación.

Con esos plazos, el destituido alcalde estaría en el cargo hasta finales de enero. No obstante, como ya la Procuraduría envió la comunicación al Presidente Santos, podría ser antes la fecha en que Petro deje el Palacio de Lievano.

Compulsan copias para que Fiscalía investigue a Petro

La Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía para que investigue presuntas irregularidades cometidas al parecer por el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, antes de implementar el nuevo esquema de aseo en la ciudad.

Así se establece en el fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que confirma la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, preferida contra el mandatario local.

Allí la Sala ordena remitir al Fiscal general copia de una denuncia allegada al Ministerio Público, acompañada de una grabación, que daría cuenta de un presunto interés de Petro para obtener información de los operadores privados que hacían la recolección de basuras en la ciudad.

Una vez la Fiscalía General tenga en su poder la denuncia, deberá determinar si hay lugar o no a abrir una investigación por los hechos descritos. Cabe recordar que en la Fiscalía ya avanzan varias investigaciones contra Petro por las presuntas irregularidades que se habrían presentado con el esquema de basuras.

Que no dilate destitución

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que no dilate la decisión del Ministerio Público en la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Solicitaré al señor presidente, cuando esta sanción esté en firme, que cumpla sin dilación la destitución del Alcalde de Bogotá”, señaló el jefe del Ministerio Público en entrevista con Noticias RCN.

Indicó, además, que la decisión de ratificar la destitución de Petro no se debe a una posición ideológica contraria entre él y el alcalde. “He demostrado que no hay ni un solo argumento en mis decisiones diferentes a los que señala el ordenamiento jurídico, la Constitución, la ley, los precedentes judiciales y los reglamentos”, dijo el Procurador.

Sobre las creencias religiosas que según la opinión pública pudieron sesgar o incidir en la sanción a Petro, indicó que estas son “más garantía que desafío a alguien y no las voy a someter a escrutinio público”.

Opciones

El abogado Mario Iguarán explicó que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tendría tres opciones para evitar su destitución, luego de la decisión del procurador.

Petro podría interponer recursos de manera preventiva ante el Consejo de Estado, el Tribunal Superior de Bogotá, además del concepto que está pendiente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"En la demanda de nulidad que se presente contra la decisión del Procurador, se puede pedir ante el Consejo de Estado, una medida preventiva", señalo Iguarán.

Además, el abogado añadió que entre los recursos está también "a la Comisión Interamericana una medida cautelar, o ir ante un juez de garantías que en este caso sería el Tribunal Superior de Bogotá, para que dentro del proceso que se adelanta contra el Procurador en la Fiscalía, tome una medida cautelar".

Así las cosas, la defensa de Petro evaluará en los próximos días cuáles serán los recursos que se interpondrán, con la intención de revertir el fallo de la Procuraduría.

Insisten en que fue una medida desproporcionada

Expertos, militantes cercanos a Petro y de otros partidos opinaron sobre la decisión de la Procuraduría.

* Gabriel Méndez, docente de Ciencias Políticas (U. Autónoma) y Derecho (U. de Caldas)

Es una decisión política, no solo jurídica, así se revista de institucionalidad. Esto demuestra, una vez más, que la actual Procuraduría es un polo de poder que está imponiendo su agenda política e ideológica, en la que están bajo lupa no solo los corruptos, sino también quienes defienden aquello con lo que el procurador no está de acuerdo, como el aborto... es una especie de ajuste de cuentas contra la izquierda. Frente a la sanción, es cierto que Petro requería un jalón de orejas, pero lo decapitaron, porque 15 años de inhabilidad es haberle declarado la muerte política. Fue una medida desproporcionada, porque no lo destituyeron por haber robado, sino por una política pública con la que no estuvo de acuerdo el procurador. No obstante, en pleno año electoral el presidente Santos podría hacer una jugada política de no firmar la destitución, generando un debate jurídico.

* Enrique Quintero, abogado constitucionalista

Se esperaba esta decisión, por eso no sorprende, más cuando el procurador se ampara en un derecho legal y constitucional propio de su cargo. Hay que aclarar, sin embargo, que él no destituye, sino que investiga y le pide al presidente que lo haga, como le corresponde. Ahí habría que entrar a reformar las facultades, porque el presidente resulta ser entonces un ejecutor de las decisiones del procurador. La expectativa ahora es por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia supranacional y podría favorecer de Petro. Lo otro es que la actuación del alcalde no fue una falta administrativa que ameritara tal proceso, sino una decisión criticable, nada más.

* Rafael Betancurt, de la Alianza Social Independiente

Esta situación me hace pensar en el escritor Fernando Vallejo quien renunció a su nacionalidad colombiana porque el país se volvió inviable al no respetarse la democracia. A los prestadores del servicio público se les olvidó que trabajan para los intereses de la comunidad, no para beneficio de unos pocos, como pasa con la decisión del procurador y con la que no estoy de acuerdo. Nos toca tomar conciencia de cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes. Además, no creo que el presidente Santos vaya a cuestionar la institucionalidad colombiana, desconociendo el fallo, le toca destituir a Petro, es impajaritable.

* Mario Londoño, del Movimiento Progresistas

Se esperaba esa ratificación, que no deja de ser preocupante. El presidente se enfrenta a dos escenarios: uno, que refrende la decisión del procurador y firme la destitución, lo que implicaría poner en riesgo las conversaciones de paz con las Farc, pues no habría garantías del ejercicio político. El otro, es que Santos no firme la destitución, argumentando que hay asuntos por resolver como el complot de los empresarios contra Petro.

* Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático

Lo que estamos viendo es cómo el Procurador desata una campaña de exterminio disciplinario contra la izquierda de este país, contra sus figuras más relevantes. Es evidente que tiene temor de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ponga alto a ese camino que él está desarrollando y, desde esa perspectiva, toma una decisión a todas luces desesperada en la que muy difícilmente se puede esperar que haya escuchado si quiera los argumentos que presentó la defensa del Alcalde”, declaró Cepeda.

* Telésforo Pedraza, representante conservador

Como todos los ciudadanos y servidores públicos que juramos cumplir la Constitución y la ley, respaldo el orden jurídico y en este caso la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de dejar en firme la destitución del alcalde Gustavo Petro.

* Luis Fernando Velasco, senador liberal.
Más que atacar la decisión de la Procuraduría y de los funcionarios de la Procuraduría, yo atacaría el diseño que permite que una entidad pueda evaluar políticamente la gestión de alguien y si considera que ha cometido un error, pueda destituirlo. Aquí hay que recordar que a Petro no lo están destituyendo por corrupto. A Petro lo están destituyendo porque en concepto de la Procuraduría, puso en riesgo la libertad de empresa.