EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación para la exploración y explotación del fracking, avalando la luz verde ya existente para estos proyectos en una sentencia que organizaciones sociales calificaron ayer de regresiva.
El Consejo de Estado respondió así a una demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, en la que consideró que no se habían demostrado los argumentos que el denunciante aludía.
Estos defendían que la reglamentación para impulsar el fracking en el país viola el derecho a tener un medioambiente sano, ya que no tiene en cuenta los eventuales riesgos que presentaría esta técnica, tanto para el entorno como para las personas.
Solicitarán aclaración
Con esta decisión se pone fin a la moratoria que había para los proyectos de fracking desde el 2018 en el país, por lo que se reactivarán siete proyectos aprobados como pilotos hasta el momento, aunque también abre la puerta a proyectos comerciales.
Varias organizaciones sociales y ambientales emitieron un comunicado rechazando la resolución del Consejo de Estado, que "perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública".
"La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de Derechos Humanos", señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), mientras que Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, indicó que "es necesario que el fracking cuente con licencia social".
Tras conocer la decisión, la ministra electa de Medioambiente, Susana Muhamad, aseguró que si bien "respetan el fallo", van "a solicitar aclaración" sobre el mismo ya que el próximo Gobierno defiende que "la técnica del fracking en Colombia no es la salida para una transición energética justa social y ambientalmente".
Por eso, van a "mirar con mucho cuidado" todos los aspectos jurídicos y legales porque "no hay garantías para una aplicación segura del fracking, que la incertidumbre salta" según los estudios científicos, agregó Muhamad en la cadena de televisión Caracol.
En marzo pasado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó, entre críticas de la oposición política y del sector de la sociedad civil, el primer proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches (Santander). Este proyecto junto con otros pilotos recibieron la aprobación del Consejo de Estado en 2019 con la intención de que se conviertan en una especie de "prueba" de las consecuencias que podría tener el fracking en el país.
El fracking permite extraer el gas de esquisto (tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad), por lo que se tiene que perforar la tierra para después inyectar grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para lograr fracturar la roca y liberar el gas. Esta técnica de extracción se convirtió en debate público, especialmente después de que el presidente electo, Gustavo Petro, se mostró en contra del fracking y haya asegurado que paralizará los proyectos de exploración
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